ERP. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), al 2022, se observó que casi el 30% de la población mundial enfrentó inseguridad alimentaria (2 mil 400 millones de personas). En el Perú, entre el 2019 y el 2021, se ha registrado que 16,6 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Ello implica que casi el 50% de la población en nuestro país presenta dificultades para conseguir alimentos nutritivos, una situación que afecta directamente el desarrollo integral de la infancia peruana.
“Uno de los impactos más importantes de la inseguridad alimentaria está en la salud de los menores. Al 2022, se conoció que el 42,4% de niños y niñas de 6 a 35 meses de edad en Perú padecen de anemia y un 11.7% presenta desnutrición crónica, de acuerdo con los resultados de la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes)”, afirmó Giacomo Puccio, investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Al respecto, debemos recordar que estas enfermedades, durante los primeros años de vida, pueden provocar daños irreversibles. De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), las consecuencias impactan en el desarrollo psicomotor del niño y en su rendimiento escolar. Además, ocasionan una reducción de la capacidad intelectual, física y de trabajo.
Los datos de la FAO y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) muestran también la diferencia de la afectación según regiones. Mientras la inseguridad alimentaria en Moquegua, Lima Metropolitana y Arequipa no llega al 40%, existen hasta tres regiones (Ayacucho, Apurímac y Cusco) en las que, aproximadamente, 2 de cada 3 hogares viven esta situación.
De acuerdo con la FAO, la inseguridad alimentaria se produce cuando las personas de un hogar tienen acceso limitado a alimentos nutritivos en una cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales. Generalmente, ello se produce por dos factores: la alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
“Los datos muestran que el poder adquisitivo, es decir, la capacidad de compra de los ciudadanos, se ha visto afectada y se ha reducido. Ello implica que ahora, en 2023, con el sueldo promedio de S/1,924 ya no se puede acceder a la misma cantidad de productos que alcanzaba con el sueldo promedio de S/1,708 hace cuatro años, en el 2019”, precisó Puccio.
¿Qué hacer frente a esta problemática?
A fin de atender a las familias en situación de vulnerabilidad, el investigador de REDES afirmó que se requiere que el Estado continúe con el impulso de los programas sociales no solo en las zonas rurales; sino que también se necesita una estrategia focalizada para el área urbana.
Asimismo, es importante que se continúe impulsando el crecimiento económico de nuestro país. Ello pasa por atraer más inversión privada, que dinamizaría la creación de empleos de calidad y la generación de más ingresos para las familias.
Finalmente, ante la próxima campaña que se avizora difícil para el sector agrícola, resulta conveniente que se pueda brindar apoyo a los agricultores con el objetivo de garantizar no solo el abastecimiento de alimentos, sino que estos puedan ser accesibles a todos los peruanos.
