ERP. En una acción preventiva orientada a salvaguardar la seguridad ciudadana y evitar delitos de alto impacto, la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana ejecutó un operativo inopinado en diversos locales nocturnos que operan bajo la modalidad de prostíbulos en la provincia.
La intervención fue liderada por los fiscales adjuntos provinciales Kevin Carlos Antón Siancas y Sara Lourdes Vidal Coronado, con la participación de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP), a cargo del fiscal Luis Rodolfo Martínez Cardoza, así como de la Municipalidad Provincial de Sullana, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú.
Durante el operativo se inspeccionaron varios establecimientos. En el local “Teymar S.C.R.L.”, ubicado en la carretera Sullana–Tambogrande, se intervino a 12 parroquianos y 10 mujeres. Personal de Migraciones detectó que una ciudadana colombiana no contaba con documentación, mientras que una ciudadana venezolana presentaba exceso de permanencia en el país, por lo que ambas fueron trasladadas a la sede de Migraciones en Piura.
Asimismo, el establecimiento fue clausurado temporalmente por 15 días tras verificarse que su certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se encontraba vencido.
En tanto, en el night club “Lupamas - Club Nocturno Cavally”, ubicado en la Zona Industrial, se identificó a 13 parroquianos y 4 extranjeras. Durante la intervención, se exhortó a dos ciudadanas —de nacionalidad venezolana y ecuatoriana— a regularizar su situación migratoria.
Por otro lado, en los locales “Cachito de Oro” y “Café Rojo Night Club”, las autoridades verificaron la identidad y situación migratoria de los asistentes, sin encontrar irregularidades ni infracciones, constatando que contaban con la documentación en regla para su funcionamiento.
El objetivo principal de estas acciones es prevenir delitos contra el patrimonio y la trata de personas, tipificados en el artículo 129-A del Código Penal. En ese marco, representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y encargados de estos establecimientos a cumplir estrictamente con la normativa municipal vigente, así como a prohibir el ingreso de menores de edad, bajo apercibimiento de ser denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad.
