ERP. La Fiscalía Provincial Especializada de Prevención del Delito de Sullana ejecutó acciones preventivas en instituciones educativas públicas de la provincia, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones y el cumplimiento de la gratuidad del proceso de matrículas, en el marco del inicio del año escolar y la prevención de delitos de peligro común, estragos especiales y cobro indebido.
La intervención fue encabezada por el fiscal adjunto provincial Kevin Antón Siancas y se desarrolló de manera conjunta con personal de la UGEL Sullana, inspectores técnicos de seguridad en edificaciones (ITSE) y personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana.
Durante las diligencias se inspeccionaron las instituciones educativas N.° 15021 “Amauta” y N.° 14787 “Víctor Raúl Haya de la Torre”, donde se detectaron observaciones como la falta de certificado ITSE vigente, deficiencias en la señalización de rutas de evacuación, riesgos eléctricos y condiciones de seguridad no estructurales.
En el colegio “Amauta”, que atiende a 950 alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria, el personal municipal dispuso la imposición de infracciones administrativas, conforme al Cuadro Único de Infracciones y Sanciones, aplicando una multa equivalente al 30 % de la UIT y otorgando un plazo de 15 días para la subsanación de las observaciones.
En tanto, en la institución educativa “Víctor Raúl Haya de la Torre”, con una población de 1 400 alumnos de primaria y secundaria, se determinó la existencia de riesgo eléctrico alto, incumplimiento de las condiciones de seguridad no estructurales y la ausencia de certificado ITSE, por lo que se impuso una multa del 80 % de la UIT y un plazo de 15 días para levantar las observaciones formuladas.
Finalmente, el fiscal exhortó a los directores de ambos planteles a cumplir con las medidas de seguridad y a subsanar las deficiencias dentro de los plazos establecidos, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidades penales por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Asimismo, instó a la autoridad municipal a realizar el seguimiento correspondiente y aplicar las medidas administrativas necesarias, en resguardo de la vida e integridad de la comunidad educativa.
