ERP. La noticia del viernes 08 de mayo es alarmante. 5 mil policías tratando de controlar la protesta contra un proyecto minero, que la población niega la posibilidad de su ejecución; en tanto, el Gobierno sigue adelante con el consabido argumento que se defiende los intereses del Estado. La violencia, por historia se conoce no solo viene de un solo lado, sino que igualmente puede ser de Estado y en ese camino se está transitando.
Según declaraciones dadas por el jefe de Estado Mayor de la Policía en Arequipa, coronel Manuel Echegaray, han llegado a la provincia de Islay dos mil policías más, a fin de colaborar en el restablecimiento del orden; con la finalidad quizá de atemorizar a los manifestantes se dice que entre los efectivos destacados se encuentran los llamados Sinchis de Mazamari, entrenados para luchar contra el terrorismo y que venían sirviendo en el Vraem.
Como se sabe, actualmente existe un paro indefinido en Islay y la violencia no cesa. Los medios extralimitan en dar a conocer los atentados contra policías, y oscurecen lo que podría estar aconteciendo con la propia población. Semanas atrás, se demostró que pretendieron sembrar un arma blanca a un campesino; afortunadamente se descubrió la patraña.
Hernando de Soto sobre Islay
"Lo de Islay no es un fenómeno que se refiere al Perú, sino que está ocurriendo en distintos lugares del mundo; cuando el siglo XXI se enfrenta al siglo XIX hay un shock, lo hemos visto en el Perú con Conga, en Tambo Grande", explicó el conocido economista Hernando de Soto, respecto al tema minero en general y sobre Tía María en particular.
"No es que no quieren entrar a la vida moderna, el problema está en tener organizaciones que sean convenientes para ellos. En todas partes del mundo se han preocupado por ver que cuando viene la modernidad, ven de qué manera se engancha al resto de la población", explicó. "El estado no ha sabido hacer el puente entre lo uno y lo otro".
Y en verdad, las estrategias del Estado respecto a la minería no han cambiado, la legislación tampoco y se sigue manteniendo relaciones asimétricas entre el Gobierno Nacional y los propios territorios regionales. Desde Lima, se sigue decidiendo sobre la gran minería y en tanto ello se mantenga, no habrá forma de disminuir los conflictos.
Estado de Emergencia
Aunque aún no se ha decidido sobre la declaratoria de Estado de Emergencia en la zona de conflicto el presidente Ollanta Humala ha deslizado la oportunidad de hacerlo. Se dice que es una herramienta para restablecer el orden y es muy probable que sea así; si orden se llama a tener cautivos y sumisos a las poblaciones que protestan contra un proyecto que ven serios riesgos en su ejecución.
La joven gobernadora regional de Arequipa, quien por representación debería llevar la voz en el tema, opina para llamar a la cordura y para discrepar respecto a acentuar las diferencias entre Gobierno y población. Sin embargo, como sucede en todo el país, su rol es secundario frente a la que asumen los ministros y debería ser al contrario. El poder real en el tema minero no se encuentra en las regiones.
Pedro Cateriano y el diálogo
Para el Presidente del Consejo de Ministros, el diálogo es una posibilidad, si solo si, se levante la medida de fuerza, en tanto para los manifestantes, el diálogo debe darse sin poner condiciones. Este tipo de situaciones no son nuevas, para los gobiernos de turno, cerrar siempre las puertas de un conflicto implica que los demás simplemente se mantengan contemplativos y obedientes a las disposiciones del poder estatal.
Igual sucedió en la época aprista e igual en el gobierno de Toledo. El diálogo es importante, más un diálogo donde se intente solamente persuadir en función a las expectativas mineras, está condenado a ser un fracaso.
“El gobierno reitera su compromiso por el diálogo, *pero no podemos ni debemos aceptar el uso de la violencia*”, dijo el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Por su parte Julio Gutiérrez en representación de los opositores al proyecto indicó que “Nosotros estamos dispuestos a conversar. Lo que sí no está en mi vocabulario es una tregua. El diálogo debe entablarse mientras dure el paro”.
Conclusión
El conflicto en Islay, Arequipa, demuestra una vez más, que no existe una propuesta para gestionar adecuadamente los temas mineros. Se sigue manteniendo una legislación nacional y los interlocutores en el conflicto, igualmente han centralizado su accionar. No hay modelos alternativos a la propia verticalidad del Estado, y bajo ese esquema, aún se presentarán en futuro muchos Tía María.
