ERP. Todo hace indicar que existe un bien concertado plan para convertirse en el único órgano en el país con poder efectivo y real. El Congreso de la República, que hizo todo lo posible para sacar del cargo al expresidente Pedro Castillo, tiene en estos momentos totalmente dominado al Poder Ejecutivo, los miembros del Tribunal Constitucional son afines a su concepción y ni que decir del Ministerio Público y parte del Poder Judicial.
Recientemente han emitido una decisión, donde niegan competencias al Poder Judicial, para que la ciudadanía ejerza control de los actos del Congreso de la República a través de esta vía. Este fallo, se suma a otros dados con la misma connotación y uno de ellos es la famosa cuestión de confianza que fue modificada por el presente Congreso y la Ley que retrotrae a la época de la Asamblea Nacional de Rectores, a la SUNEDU.
La exmagistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma no se ha quedado en silencio sobre esta grave situación y ha manifestado que la sentencia a favor del Congreso pone fin al equilibrio de poderes, que es la base de todo sistema democrático. Además, establece que el Parlamento no puede ser controlado por la ciudadanía a través del Poder Judicial. Esta decisión contradice a todas luces el texto de la Carta Magna.
Por su parte el abogado Avelino Guillén, comparte dicha apreciación y se pregunta, qué instituciones no han caído en esta red de copamiento de las instituciones y menciona a la Defensoría del Pueblo. Justamente, una medida cautelar impedía que el Congreso elija a este funcionario o funcionaria respetando el debido proceso. La norma deja sin efecto esta medida judicial y deja el campo libre para que procedan de acuerdo a sus intereses.
Debemos recordar que la actual composición del Tribunal Constitucional fue elegida por el presente Congreso y en su mayoría tienen coincidencias ideológicas con el grupo que ha tomado el poder desde el parlamento. No existe mayor discrepancia entre los fallos que se emiten y sin duda, es una composición que se parece mucho más al denominado Tribunal de Garantías Constitucionales vigente en la década de los noventa.
Para analistas de la Constitución, lo adoptado por el Congreso es una decisión totalmente prevaricadora. Elimina el equilibrio de poderes y convierte al Congreso de la República como el super poder. Se precisa que la institucionalidad ha sido destruida y no existiría acción alguna que limite al Congreso, adoptar decisiones, aunque estas se encuentren alejadas de la normativa constitucional.
Se viene destruyendo la institucionalidad que garantiza que la democracia funcione con cierto equilibrio. Las acciones adoptadas son una suma de lo que siempre ha buscado este sector conservador y que es tener un Ejecutivo totalmente obediente y que actualmente lo tienen, un Ministerio Público y Poder Judicial condescendientes a sus intereses, un Tribunal Constitucional que les valide sus acuerdos y otras instituciones, que deberían ser independientes, totalmente serviciales a dichos intereses particulares.
Si se considera la forma y modo como pretenden quedarse en el cargo, la satanización de la protesta ciudadana, la validación de decisiones políticas que son totalmente inconstitucionales, además, de haber captado al Poder Ejecutivo, se puede concluir que esta no es una democracia real, sino una simulada y captada con fines protervos.
