ERP. El Presidente regional de Piura, Javier Atkins Lerggios y su Directorio quieren despedirse de sus 4 años de gobierno de la manera más sorprendente. Se han empecinado en adjudicar el proyecto hidroenergético Alto Piura que tiene un costo de S/. 550 millones, a favor del consorcio del mismo nombre, en giro impensado meses atrás y que sorprende a las autoridades electas y a la población en general.
En esta decisión, participan dos funcionarios de la gestión de Javier Atkins, una de ellos es Margarita Rosales Alvarado, quien goza del total respaldo del presidente regional; en tanto que Ángel García Zavalú, ha seguido la ruta para favorecer al Consorcio Alto Piura. Lo que llama la atención, es la obstinación de Teddy Ubillús de avalar un acto que a todas luces resulta sospechoso e inadecuado para los intereses regionales.
El Vicecontralor Edgar Alarcón Tejada con gran claridad, alertó sobre las consecuencias legales, si se persiste en la intención de entregar la obra. Más, no es la primera vez que Contraloría observa un proceso y contra todo ello, se procedió hacer lo contrario. La supervisión de la obra, que comprometió 34 millones de las arcas regionales, se ha consolidado aún con observaciones del ente de control.
Quizá este contrato, sea el único caso a nivel nacional, donde se contrata una supervisión de una obra aún inexistente. Regularmente, los procesos son paralelos y no como en esta oportunidad, donde el Directorio del Alto Piura y el mismo presidente Atkins, no quisieron aplicar los correctivos del caso. Algo oscuro existe en la decisión y mucha temeridad para desafiar a Contraloría General de la República.
Respecto a la intención del Directorio de adjudicar la obra al Consorcio Alto Piura, se debe tener en cuenta la posición regional del mes de julio del 2014. Para ellos, dicho Consorcio no tenía ningún derecho y así respondieron cuando tuvieron que apersonarse en el Juzgado de Tarapoto, donde demandó la empresa su presunto derecho preferente. Meses después han cambiado de opinión en el hecho más insólito de este gobierno regional.
El presidente regional de Tumbes, se encuentra fugitivo y el de Ancash preso; otros tantos funcionarios elegidos y designados, responden judicialmente por acusaciones de corrupción. Aparentemente, existe una lucha frontal contra los ilícitos. Además, el miércoles último, se informó de las denuncias penales presentadas, y se determinó responsabilidades civiles y administrativas contra varios funcionarios del Gobierno Regional de Pura. Llama la atención, que en esta región, lo que menos importe es acatar las disposiciones de Contraloría General de la República.
De persistir la temeridad y el desafío a las autoridades de control, se espera que la nueva administración regional de Piura tenga la solidez necesaria para evitar que la irregularidad y la viveza criolla se materialice. El Alto Piura, necesita una realidad diferente.
