ERP. Pablo de la Flor, es un funcionario designado por el Ejecutivo, para ser el Director Ejecutivo del proceso de Reconstrucción con Cambios (RCC), que es el rimbombante nombre que tiene la Ley que faculta su conformación y que sustrae de muchas responsabilidades a los gobiernos subnacionales, llámese gobiernos regionales y locales. En esta norma, se dispone que se elabore un Plan a ejecutarse en las regiones afectadas por el “Niño Costero”.
Pablo de la Flor, de repente es un excelente profesional en el campo de su especialidad; sin embargo como Director Ejecutivo de la ya famosa Reconstrucción con Cambios, viene demostrando una total incompetencia y un desconocimiento real de lo que es la administración pública, lo que ha incidido en la situación actual donde se avizora que se tardarán en la reconstrucción de los daños y necesidades de las poblaciones afectadas. Esta incompetencia no sería por formación académica considerando que posee una maestría en administración pública en la Universidad de Harvard; sino por la falta de experiencia en temas complejos como lo es un desastre.
Solamente un asunto sencillo podría descalificar a Pablo de la Flor para el cargo y está relacionado a su incapacidad de establecer desde su responsabilidad procedimientos, metodologías y sistemas que les permita a gobernadores y alcaldes actuar en su territorio en el marco de sus competencias en la etapa post desastre. Lo cierto, que funcionarios regionales y municipales actúan con mucha voluntad, sin guía alguna y enfrentan con mucha desinformación la forma de participar en los proyectos identificados para el Plan de Reconstrucción que debe aprobarse en un plazo máximo que termina el 11 de septiembre.
La única herramienta que tienen es la Ley del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres y en ella se otorgan formatos que es necesario llenar. Sin embargo, nadie les ha dicho a los gobiernos locales y regionales sobre el uso de estos documentos.
Otra observación y muy sencilla, se dijo que todo lo que haga esta Autoridad de la Reconstrucción sería transparente y para tal efecto, se informaría vía una página Web, a la fecha no existe información sistematizada y solo lluvia de acciones dispersas que se difunden por los sectores o medios de comunicación. Página web, que sería una sencilla elaboración no existe. Desinformación total.
Pablo de la Flor, sus declaraciones en contra de municipios demuestra su desconocimiento de la Constitución
El concepto que se desprende de las apreciaciones de Pablo de La Flor, demuestra que conoce nada o poco del funcionamiento de la administración pública y además con gran irrespeto, califica a los alcaldes u otros funcionarios como si el nivel que él representa, el central, fuera mucho mejor que los subnacionales. Improvisación, mediocridad, ineficiencia, corrupción y/o problemas de agencia, los existen en todos los niveles y la muestra o la realidad se encuentran latente en el caso ODEBRECH y muchos otros más.
La Ley de la Reconstrucción con Cambios era innecesaria; la designación de Pablo de la Flor impertinente. Bastaría haber actuado en el marco de la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reconociendo que existe una institucionalidad establecida para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y/o construcción. Pero con el prurito de la Reconstrucción con Cambios se creó una nuestra estructura administrativa que pasados 3 meses del desastre en Piura, no se observa ningún cambio.
Para abonar en el caos, el nivel central aprovechando el desastre por lluvias y desborde de ríos y quebradas, asumió sin ninguna consulta o coordinación, competencias en regiones, provincias y distritos de manera desarticulada. La información recogida, no la conocen las autoridades subnacionales y es llevada directamente a Lima desde donde se decide, si se interviene o no se interviene. Es decir, centralismo a la nueva usanza y con el molde tecnócrata del nivel central.
Lo que acontece nos lleva a la conclusión que no existe una cultura democrática y de respeto a la institucionalidad de nuestro país. Hemos sido llevados a creer que el gobierno central es mucho más eficiente y eficaz que los niveles subnacionales y se ha retornado al centralismo que en teoría y de acuerdo a nuestro marco jurídico debe acabar para pasar a un sistema descentralizado.
Esta situación, igualmente ha llevado a la dispersión e inacción de autoridades regionales y locales, quienes deberían haberse unido para la acción post desastre.
Nos guste o nos disguste, la institucionalidad y sus competencias se encuentran establecidos en la Constitución Política del Perú y en ella se enumeran las competencias o las responsabilidades que les corresponden al nivel central, regional y nacional; para su legitimidad legal existen elecciones generales, regionales y municipales, donde se eligen gobernadores, consejeros, alcaldes y regidores.
Es la primera diferencia entre un Director Ejecutivo y un gobernador u alcalde. Es decir uno es designado y los otros son elegidos por el voto de los ciudadanos de su jurisdicción. En tal sentido, el primer aspecto a tener en cuenta, es el respeto a las autoridades elegidas, que se pierde con frases como que "Mal haríamos en correr traslado de recursos públicos a autoridades que están seriamente cuestionadas o a municipios que a duras penas pueden recoger la basura de sus calles".
La frase ligera y que demuestra la incompetencia de Pablo De la Flor, podría ser verdad o podría ser falsa; sin embargo, es lo que tenemos como sociedad y es lo que hemos elegido como ciudadanos. Los problemas que él indica, tienen interacciones diferentes que han derivado en la real situación que enfrentan los gobiernos regionales y locales, pero es mucho más complejo que la frase ligera y mediática que busca desprestigiar a las autoridades regionales y municipales.
Los asuntos y distorsiones que enfrenta la democracia no se resuelven con el autoritarismo, sino con la mejora continua de los procesos que se implican. Igualmente, los yerros e imperfecciones de gestión de gobiernos regionales y locales no se resuelven con un mayor centralismo, sino con un mayor fortalecimiento de ellos. Actuar de otra manera es arbitrario y contrario a la legalidad.
Si alguien del Ejecutivo, estima que los gobiernos regionales y locales no tienen capacidades; lo que primero deben proponer es el cambio de la Constitución. Antes que esta situación suceda, no puede validarse intervención diferente en el marco de la Constitución.
Lo que debe quedar claro, es que la ejecución de proyectos de reconstrucción o construcción, deben ser ejecutados primero de acuerdo a las competencias y responsabilidades que fija la Constitución Política del Perú y las leyes; no se debe admitir o permitir que con el señalamiento que los municipios no puede recoger la basura de sus calles, están descalificados para trabajar en la etapa post desastre en los asuntos de su competencia, como tampoco se debería permitir que los gobiernos regionales sean superados o suplantados por el nivel central.
Lo que deben abogar y defender los gobiernos regionales y locales, simplemente es el respeto a la Constitución Política del Perú; y, a sus autoridades, dejar de ser pusilánimes frente a la intervención del Gobierno Central.
Alcalde de Piura, ¿se animará a defender el fuero municipal y liderar las necesidades de Piura?
Esta situación que se ha presentado con la Ley de Reconstrucción con Cambios y la designación de una autoridad ad hoc, es por la falta de liderazgos que tengan el conocimiento cabal de la Constitución Política del Perú, de las leyes que reglamentan los procesos y de su ligazón perjudicial con las autoridades limeñasl, permitiendo por acción u omisión, una suplantación más allá de lo que preceptúa Carta Magna y las leyes orgánicas del Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales y Municipalidades.
Nunca es tarde para actuar; si la autoridad no responde pronto, la población lo superará. Es una dinámica social que nunca falla y es probable que si se siguen equivocando por acción, omisión, impericia o dejadez, lo que vendrá serán protestas en las calles. Nunca creceremos como país, si pisoteamos la institucionalidad existente.
