ERP. El gobierno de Ollanta Humala Tasso ha sido uno de los más precarios en liderazgo de los últimos habidos en el país. Nos quiere dejar como herencia un legado de irrespeto a la libertad de expresión, conforme se puede deducir de la denuncia presentada en contra de periodistas por su ministro de Defensa. Craso error, de una gestión que deambula sin saber hacia dónde va y que en ese laberinto prefiere ganar al titular fácil por amedrentador.
Roxana Cueva ha sido una periodista incómoda para el régimen. Dio a conocer en su momento con lujo de detalles de la intromisión de Nadine Heredia en los asuntos de Gobierno y quizá su mayor aparte al conocimiento de la verdad, fue la difusión de agendas de propiedad de la aún primera dama, las cuales contenían sumas y restas de dineros recibidos y gastados con un dispendio que los ingresos familiares no lo podían permitir.
Tras muchas idas y venidas, mentiras y silencios, Nadine Heredia Alarcón tuvo que admitir que las agendas que fueron exhibidas en un medio de comunicación y en manos de un Fiscal le pertenecían. Podríamos decir, es el germen de las denuncias posteriores en contra de la periodista Roxana Cueva y que en el caso de la denuncia penal en su contra es solo el acto desesperado de algún político con complejos de leguleyo.
Muchas verdades se conocen gracias a la difusión oportuna del periodismo. Hacer uso del secreto para guarecer una noticia no es lo más conveniente, más allá si es el solo prurito de considerar que estos documentos pertenecen a los “secretos nacionales” que no se pueden difundir por seguridad del Estado.
Lo difundido por Roxana Cueva, no creo que sea documentos que no se puedan difundir. El Estado aboga por una mayor transparencia de sus actos públicos y es insólito que se guarde en calidad de secreto, contenidos que solo afectarían a los pequeños grupos que los involucran.
Gran parte de especialistas en derecho penal se han visto sorprendidos por la decisión ministerial de mantener la denuncia. Otros políticos creen que la actitud del Ministro de Defensa debe renunciarse e irse; e incluso hay quienes anuncian una moción de censura en su contra para acabar con este embrollo que afecta la débil imagen del gobierno saliente.
Los periodistas por su parte, ven con riesgo las intenciones del poder, por cerrar caminos para la difusión de la verdad y por los métodos usados para hacerlos disuadir. Aunque es probable que no haya viabilidad en la denuncia presentada, de todas maneras es un precedente negativo para la democracia y para el sistema de libertades que merecen los peruanos en general.
Invocar excesos para amedrentar a un periodista no es un asunto nuevo; generalmente es el abuso excesivo del poder, el cual busca formas y modos de crear una mayor percepción de oscuridad con el miedo que el Estado o la República se encuentra en peligro o que se ha infringido un derecho garantizado por la Constitución y las Leyes.
Sabemos que la cultura del secreto sigue imperando y que muchos buscarán refugiarse en esos pequeños espacios que la globalidad aún mantiene, para cobrarse revanchas que la mediocridad no puede vencer de otra manera. En este camino se puede ubicar la torpe denuncia contra Roxana Cueva, acusada de un delito comprendido en la parte de “traición a la patria” del Código Penal.
Ojalá que el presente solo sea una anécdota y que la libertad de expresión se respete y se proteja y que cuando alguien pretenda cuestionarla y afectar sus cimientes, el sistema mismo ponga los correctivos del caso.
