ERP/A.Vera. Los presuntos actos de corrupción que corroen por las regiones, conlleva a reflexionar respecto a la descentralización. No existe región u alcaldía que se salve de los cuestionamientos y de realidades que se conocen pero que el Estado y también la sociedad civil soslaya. En la mayoría de señalamientos los hechos corruptos son verdad, pero el sistema mismo les otorga legalidad mediante diversas formas. Sin embargo, nada de ello es exclusividad de las autoridades regionales y locales, se vive a diario en todo el país.
Un primer aspecto que hace frágil la descentralización, es la inexistencia de partidos políticos en el país. Los existentes son cualquier cosa, menos organizaciones sólidas y democráticas; muchas veces se constituyen para un proceso eleccionario y desaparecen con él; en otros casos, se llenan de tránsfugas que nada bueno aportan a la precaria democracia peruana.
Frente a esta crisis aún insalvable, se forman los movimientos regionales, organizaciones caudillistas, sin ideología ni nada. Después de un triunfo, el personalismo se impone y los familiares o amigos cercanos copan el poder en desmedro de la voluntad popular. El proceso electoral del 2010 solo facilitó el acceso de Pepe Murguia en Trujillo, como representante de los llamados "partidos políticos" en todas las otras regiones ganaron sujetos autodenominados independientes.
Esta situación se expande y se consolida por los vacíos en la legislación electoral. Basta que alguien diga que quiere ser candidato y cualquiera organización les otorga el "vientre de alquiler". Existen muchas personas que pasan de un lugar a otro, sin tener en cuenta ideología, doctrina, programa, y aspectos éticos. Los ejemplos en todas las regiones son múltiples. Convertirse en candidato simplemente es una farsa. Las elecciones internas son acomodos de una cúpula para personajes convenidos.
En el contexto mencionado, un presidente regional y los alcaldes, actúan a su albedrío. Los presupuestos son manejados al antojo del poder presidencial o alcaldista o de un poder oculto, el cual decide proveedores y valores referenciales. La legislación permite llegar hasta el 110% del valor referencial para hacerse de una buena pro. Tras eliminar a los postores incómodos, siempre gana alguien cercano al poder. Los organismos de control son ciegos y no fiscalizan en absoluto nada.
La fiscalización y el control, no deben ser solamente procedimientos formales y tardíos; deben incorporar la inteligencia como una estrategia para llegar a la verdad. Para toda Ancash era conocido los negociados entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación Ciencia y Cultura –OEI- y el Gobierno Regional. Exequiel Nolasco lo denunció, el Frente de Defensa presentó una medida cautelar que se declaró procedente y que luego se dejó sin efecto. Los argumentos eran los mismos, se estaba festinando los recursos del Estado.
Nolasco tocó muchas puertas y aún a costa de su vida, no declinó en su afán de demostrar los actos ilícitos e irregulares de esa Región. En otras regiones no existen Nolasco´s que develen los oscuros intereses de la corrupción. Tras la muerte del héroe cívico llamado Exequiel Nolasco, se ha detenido a César Álvarez y otros funcionarios; sin embargo, el Ministerio Público en sus investigaciones tiene la difícil misión de demostrar todos los enroques del ex presidente de Ancash y de todos aquellos que lo llevaron a un nivel de impunidad.
¿Podrían ser inocentes?. Álvarez, Belaúnde, Heriberto Benítez y hasta Víctor Crisólogo se consideran inocentes. Justamente la valía de un sistema justo es demostrar la culpabilidad, de lo contrario se debe tener el coraje de absolver de los cargos imputados cuando no se ha demostrado lo contrario.
La experiencia de Ancahs y la labor de Nolasco lleva a colegir la débil acción de fiscalización, control y juzgamiento que existe en el país. Miembros de la Policía Nacional, integrantes del Ministerio Público, funcionarios de Contraloría, algunos magistrados, e incluso parte de la sociedad civil, se coluden en los fines protervos de la corrupción. Rehúyen a sus responsabilidades y abdican a sus competencias, se presume por dinero o prebendas. Esta práctica no es nueva, se da desde la época de la Colonia y se mantiene hasta la fecha.
La corrupción enraizada en la estructura del Estado y de la Sociedad, y que ahora parece tener rostro regional, va más allá de las regiones. Varios proyectos de agua y alcantarillado son gestionados por personajes oscuros en el mismo Ministerio de Vivienda, desde Lima negocian montos y hasta proveedores. En las principales ciudades, los ganadores son empresas poco calificadas para estos trabajos y los resultados son catastróficos. El responsable es el alcalde o el funcionario regional que en un momento de euforia creyó que todo iba a salir bien.
La descentralización es un proceso irreversible; no es buena per se; es un medio para desarrollar un territorio mediante la gestión y el empoderamiento de su propia población y del uso de sus recursos. En este territorio, cada poblador tiene la opción de escoger a sus autoridades y a sus líderes y esperar de ellos honestidad y transparencia. Frente al equívoco, se encuentra la institucionalidad y la misma sociedad civil para decir basta o hasta aquí nomás. Creer que la corrupción estatal es solo de las regiones, es un gran equívoco que debe ser aclarado.
