ERP. ERP. En línea a su Sistema de Integridad y a la Política Anticorrupción del Estado, PETROPERÚ continúa con el proceso de investigación que inició el año 2019, el que se detectaron irregularidades e inconsistencias en los procedimientos de rendición de cuentas de los viáticos otorgados a los trabajadores por viajes al interior del país. Respecto a despidos, Juzgados de Talara, Piura y Lima han desestimado 10 de las 15 demandas.
Producto de las investigaciones realizadas por un equipo de abogados externos, PETROPERÚ, con sujeción estricta a la ley, ha despedido a 78 trabajadores por fraude sistemático en perjuicio de la empresa estatal, para obtener viáticos y beneficios económicos de manera ilegal para cuyo efecto incluyeron información falsa en las facturas de diversos establecimientos presentadas en sus rendiciones de cuentas, inflando los precios de manera ilegal.
Al respecto, es importante precisar que los trabajadores investigados tuvieron la oportunidad de presentar sus descargos, los que fueron analizados y verificados de manera objetiva e imparcial, cumpliéndose estrictamente con el debido proceso y actuando dentro del marco legal vigente.
No obstante ello, se ha iniciado una campaña mediática de desprestigio a la Empresa y sus directivos, con ataques e injurias de algunos extrabajadores cuya motivación es impactar a su favor en las acciones de la justicia ante actos delictivos debidamente comprobados.
PETROPERÚ descarta una política de despidos masivos como se viene mal informando.
Poder Judicial confirma legalidad de despidos
El Poder Judicial viene confirmando la legalidad de los despidos realizados. Hasta el momento, en primera instancia, los juzgados de Piura, Talara y Lima han desestimado 10 de las 15 demandas presentadas por igual número de trabajadores despedidos.
En el caso de las otras cinco demandas que fueron declaradas fundadas, y luego de las apelaciones correspondientes, diferentes Cortes Superiores vienen revirtiendo esta situación, emitiendo fallos favorables a la empresa, haciendo prevalecer la ley y las sanciones por los delitos cometidos por los trabajadores.
