Ante debilidades identificadas en gestión regional y nacional
ERP. La Defensoría del Pueblo presentó esta mañana, en Piura, el Informe Defensorial Nº 167: “Balance de la gestión estatal frente a la minería Informal e Ilegal en el Perú 2012-2014. Supervisión a las entidades de alcance nacional y regional”, el cual analiza las debilidades encontradas en el proceso de formalización minera y recomienda fortalecer con urgencia las capacidades de las entidades a cargo de este proceso, en particular a los gobiernos regionales. Se ha planteado dar solución a los problemas de superposición de derechos y saneamiento físico legal, además de dar prioridad a las acciones de remediación y protección ambiental frente a la minería ilegal.
Durante la presentación se dio a conocer que los mineros informales presentaron aproximadamente 70 000 declaraciones de compromiso como paso previo para su formalización. Sin embargo, hasta finales del año pasado, sólo 16 declaraciones de compromisos obtuvieron la autorización de inicio por parte del gobierno regional competente, beneficiando únicamente a 631 mineros que alcanzaron la formalización. Ninguna declaración de compromiso corresponde a la región Piura.
Esta situación respondería —entre otros motivos— a que los gobiernos regionales carecen de personal especializado, logística y presupuesto para conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal, así como para supervisar y fiscalizar dichas actividades. Al respecto, el Gobierno Regional de Piura reportó que el año 2014 únicamente destinó el 0,07% de su presupuesto para el cumplimiento de dichas funciones.
“Hemos identificado que la supervisión administrativa de la pequeña minería y minería artesanal a cargo del nivel regional es insuficiente. Por dicha razón, estamos recomendando fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos regionales, así como dotarlos de los recursos presupuestales suficientes para que puedan ejercer sus funciones con eficacia. Además, es urgente incrementar las acciones de supervisión”, señaló Eduardo Vega Luna, Defensor del Pueblo.
La mencionada investigación defensorial también advierte que los sujetos de formalización deben lidiar con conflictos originados por la superposición o incompatibilidad de derechos otorgados por el Estado, como por ejemplo, concesiones forestales superpuestas con concesiones mineras.
“Al respecto, la Defensoría del Pueblo ha recomendado a la Presidencia del Consejo de Ministros dictar las normas que faciliten la resolución de conflictos surgidos por dicha situación, salvaguardando los derechos adquiridos, y en particular de los pueblos indígenas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”, acotó Vega.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el retraso en la remediación ambiental, a cargo del gobierno nacional y del nivel regional, así como en la aprobación del Plan de Recuperación de Impactos Ambientales, instrumento a cargo del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente, que debió aprobarse hace más de dos años.
