ERP. El informe respecto al desborde del río Piura, se presentó en los plazos legales al Consejo Regional de Piura; sin embargo, la mayoría decidió no aprobarlo; debido a ello, la Comisión Investigadora decidió formular denuncia penal en contra del Gobernador Regional de Piura Reynaldo Hilbck Guzmán y el cuestionado asesor Carlo Sante María Bertini Hurtado. Será la instancia del Ministerio Público la que definirá las acusaciones en contra de los indicados.
Dicha Comisión Investigadora está integrada por Óscar Echegaray (presidente), Hermer Alzamora (secretario) y Marvin Bancayán (vocal). “Nosotros nos reafirmamos en que hay responsabilidad de Hilbck que tiene que ver con el desborde del río, y muy probablemente la Fiscalía nos esté citando como testigos”, sostuvo el consejero Echegaray a Radio Cutivalú.
El documento que fue remitido previamente a María Cecilia Torres Carrión, por parte del presidente de la comisión investigadora, abogado Oscar Alex Echegaray Albán, se pronuncia sobre a) presuntas irregularidades que hubieren en funcionarios y servidores en la rotura de diques y desborde del río Piura, b) presunta responsabilidad del Gobernador Regional y funcionarios en su actuar para las acciones de evacuación de la población perteneciente al Bajo Piura el 27 de marzo del año en curso, y c) conducta desplegada por el funcionario Carlo Antonio Sante María Bertini Hurtado respecto a la conversación en el whatsapp denominado “GRUPO EMERGENCIA COER”, por presunta falta al Código de Ética.
Sometido a aprobación por el Consejo Regional, fue desestimado; sin embargo, los integrantes decidieron ir hacia la Fiscalía para que determine las responsabilidades penales que comprometería al Gobernador y sobre todo al asesor Bertini Hurtado, por las conversaciones que ordenaba romper el dique en el Bajo Piura para evitar una mayor inundación.
De acuerdo a las conclusiones se indica que “En tal sentido, se puede concluir que el Gobierno Regional Piura a través del Proyecto Especial Chira Piura, no habría procedido al cierre total de los diques en los sectores del Molino Azul, La Bruja y San Antonio afectados por el desborde del río Piura, con lo cual la autoridad regional habría omitido la reconstrucción y el reforzamiento de los diques en dichos sectores, posibilitando de nuevo ante una crecida del caudal del río la inundación evidente del Bajo Piura”.
Además; se dice que “Colegio de Ingenieros a través de la Carta N° 338-2017-CIP-CDP, de fecha 28 de junio de 2017, de la revisión y evaluación de las liquidaciones de las actividades por emergencia de la protección con roca en el sector Simbilá dique izquierdo Bajo Piura, protección de orilla con roca dique izquierdo Bajo Piura sector Chato Chico, y protección de ribera con roca al volteo en la margen izquierda del río Piura sector Santa Rosa, ha realizado una serie de observaciones técnicas que evidenciarían la falta de diligencia por parte del Gobierno Regional Piura para el control en la ejecución de dichos trabajos”.
Igualmente, se dice que “no habría existido un Plan de Contingencia de Seguridad, Protección y Evacuación previamente elaborado a la ocurrencia del desborde del río Piura el 27 de marzo de 2017, que permitiera realizar de manera eficiente y adecuada la evacuación de las poblaciones del Bajo Piura, las cuales ante la falta de planificación se vieron afectadas por la inundación del río Piura. Además, que no toda ciudadanía del Bajo Piura por las carencias en las que viven y por el corte del fluido eléctrico en ese momento, habría tenido acceso a los comunicados de alerta de evacuación emitidos por el Gobierno Regional Piura. Además, que en la reunión de emergencia sostenida el día 26 de marzo de 2017, se incidió en el reforzamiento de los diques y no tanto en la evacuación de la ciudadanía”.
Sobre el cuestionado Bertini Hurtado, los denunciantes argumentan que “el Sr. Carlo Antonio Sante María Bertini Hurtado, en su condición de funcionario de confianza designado por el Gobernador Regional como Asesor de Gobernación y ex Presidente del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, es pasible de evaluación y sanción por su conducta del 27 de marzo de 2017. En ese sentido, es recomendable derivar los presentes actuados a la Secretaría Técnica de la Sede Central del Gobierno Regional Piura para que actúe conforme a sus atribuciones”.
En otra parte, las acusaciones indican que “En tal sentido, por lo expuesto en los puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 de las conclusiones, es conveniente cursar las copias de los presentes actuados a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Piura, toda vez que existe indicios para investigar a nivel fiscal al gobernador regional, funcionarios y servidores públicos que resulten responsables por la presunta comisión del delito de OMISIÓN, REHUSAMIENTO O DEMORA DE ACTOS FUNCIONALES previsto en el artículo 377 del Código Penal, así como el delito de EXPOSICIÓN A PELIGRO O ABANDONO DE PERSONAS EN PELIGRO previsto en los artículos 125 al 128 del Código Penal”.
Esta es la primera investigación que se realiza para determinar las causas que originaron la peor tragedia que ha tenido Piura a través de su historia. Corresponderá al Ministerio Público y quizá Contraloría General de la República determinar las reales responsabilidades.
Carlos Sante María Bertini Hurtado, es el poder bajo la sombra en el Gobierno Regional de Piura y llama la atención que las instancias administrativas no se hayan percatado del poder indebido que realiza el indicado funcionario en esta instancia.
