ERP. Por mayoría, la Comisión Permanente del Congreso designó esta tarde al contador Edgar Arnold Alarcón Tejada nuevo contralor general de la República, en reemplazo de Fuad Khoury. La elección del funcionario fue concretada en una sesión caracterizada por los choques de opiniones entre representantes del Partido Nacionalista y del fujimorismo.
Estos últimos plantearon primero realizar un proceso de evaluación sobre las aptitudes del candidato antes de proceder a votar al respecto. La disconformidad de la bancada de Fuerza Popular se manifestó con el retiro de sus miembros, luego de que la votación final se efectuara. Antes, el legislador Pedro Spadaro propuso una cuestión previa para formar una comisión evaluadora.
Spadaro argumentó para ello la existencia de una denuncia constitucional en contra de Alarcón, quien actualmente se desempeña en el cargo de vicecontralor general; así como supuestas incongruencias en su "curriculum vitae". La validez de los términos de la denuncia propició una discusión que por momentos ameritó pedidos de retiro de palabras desde la Presidencia del Parlamento, a cargo de Luis Iberico.
El recurso, presentado por un supuesto trabajador de la Contraloría llamado Daniel Cubillas, cuestionaba a Alarcón por una infracción constitucional. Ante esto, representantes de la bancada nacionalista indicaron que la demanda era improcedente, pues, el vicecontralor no puede ser objeto del mecanismo del antejuicio constitucional.
Ante estos reparos, Fredy Otárola afirmó: “El fujimorismo quiere poner un contralor a su medida en el próximo Congreso y por eso no quiere que votemos hoy”. Por su parte, su compañero de bancada, Santiago Gastañadui, dijo que el recurso presentado “no tiene pies ni cabeza” por adolecer de fallas procesales.
Por el lado contrario, la fujimorista Lourdes Alcorta cuestionó que la propuesta de nuevo contralor hecha desde el Ejecutivo solo considere a una persona y no a tres. Luego, Spadaro planteó una cuestión previa para que se formara una comisión evaluadora de la postulación de Alarcón, que en diez días útiles alcanzaría al pleno del Parlamento su decisión.
A su vez, el aprista Javier Velásquez cuestionó que la hermana del aspirante a la Contraloría mantuviera vínculos contractuales, a través de la compra de un inmueble, con el abogado Roy Gates, defensor legal de la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia. En esa misma transacción habría participado el actual contralor, Fuad Khoury.
José León, de la bancada de Perú Posible, cuestionó a su vez que, tan solo cuatro días antes de la elección del nuevo contralor, se planteara una denuncia constitucional en su contra. Recordó, asimismo, que este recurso aún no ha sido calificado ni declarado admisible por la subcomisión parlamentaria encargada de revisar tales demandas, la cual sesionó en la víspera.
Tras un prolongado intercambio de ideas y acusaciones, el pedido de Spadaro fue puesto a votación y rechazado. De inmediato se planteó votar por la proposición del Ejecutivo, la cual obtuvo la adhesión de 15 integrantes de la Comisión Permanente. Antes de que los miembros de su bancada y Velásquez se retiraran, Spadaro propuso reconsiderar la votación, lo cual también fue rechazado.
