ERP. La Universidad de Piura, frente al desarrollo de las elecciones generales previstas para el 2026, tuvo un encuentro con periodistas, para analizar de manera sistémica los aspectos normativos y políticos que se avecinan; en intercambio de ideas se expuso respecto al poder Ejecutivo, cambios en la composición congresal e igualmente, la economía y principales retos.
En efecto, el Perú se prepara para un proceso electoral distinto al de los últimos años. En las elecciones del 2026, los ciudadanos elegirán no solo al presidente y vicepresidentes, sino también a los diputados y senadores, marcando el retorno oficial de la bicameralidad. Este cambio modifica la estructura del Congreso, redefine los plazos para aprobar leyes y exige que la ciudadanía conozca mejor las funciones y competencias de cada cámara.
El magíster Alfonso Lip Zegarra, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura (UDEP), explicó que la transición hacia un Parlamento bicameral representa una transformación profunda en la forma de legislar. Según indicó, los diputados serán los representantes más cercanos a la población. Su número dependerá de la densidad poblacional de cada circunscripción, lo que los obliga a trabajar de manera directa con los problemas cotidianos de sus electores. Entre sus funciones, señala el jurista, estarán recoger demandas locales y regionales, interpelar y censurar a los ministros de Estado y proponer iniciativas legislativas vinculadas a las necesidades inmediatas de sus regiones.
Por su parte, los senadores serán elegidos por todos los electores del país y también mediante un distrito electoral único; y se encargarán de analizar asuntos de impacto nacional. Lip Zegarra señaló que esta cámara tendrá una mirada más estratégica, orientada a las políticas de Estado, reformas institucionales, temas territoriales y decisiones de largo plazo. Su labor complementará la agenda de los diputados, pero con un enfoque menos local y más estructural y nacional.
El nuevo diseño legislativo también modifica el recorrido de una ley. Con la bicameralidad, todo proyecto deberá iniciar en la Cámara de Diputados, pasar por comisiones, ser debatido en el pleno y obtener la mayoría correspondiente. Una vez aprobado, será enviado al Senado para una segunda revisión. Esta cámara podrá aprobarlo, modificarlo o archivarlo. Solo después de superar ambas instancias llegará al Presidente de la República para su promulgación u observación.
Para Lip Zegarra, este modelo ofrece ventajas importantes. La más destacada es la mejora en la calidad de las leyes. La doble revisión evita normas improvisadas, mal redactadas o aprobadas sin análisis técnico. Los diputados aportan una visión poblacional basada en la realidad del ciudadano, mientras que los senadores evalúan el impacto nacional y la coherencia territorial.
Sin embargo, el docente de la UDEP advirtió que también existen riesgos relevantes, especialmente en un país marcado por la fragmentación política. Con dos cámaras y más etapas de análisis, el proceso legislativo será necesariamente más largo. Además, la falta de consensos podría detener o archivar proyectos en cualquiera de las cámaras, incluso aquellos que cuenten con respaldo parcial. Esto podría generar demoras en temas urgentes o tensiones entre fuerzas políticas con agendas divergentes.
Lip Zegarra señaló que el éxito de este sistema no dependerá únicamente de la estructura, sino de la calidad de los representantes que se elijan. “La bicameralidad no resolverá por sí sola los problemas del país. Lo determinante será a quiénes se elija para ocupar esos espacios y su capacidad para trabajar con responsabilidad y visión de país”, concluyó.
