ERP. La Fiscalía Especializada de Medio Ambiente de Sullana en coordinación con otras unidades de la región, intervinieron unas maquinarias de una empresa que extraían minería ilegal no metálico del río Calvas en el distrito de Jililí en la provincia de Ayabaca, en un mega operativo binacional entre Perú y Ecuador.
Fue en una intervención dirigida por el fiscal provincial, Néstor Sosa Carrillo, junto con el Departamento Especializado del Medio Ambiente de Piura, al mando del comandante PNP Manuel León Paraizaman; Policía del Ecuador y de nuestro país la Administración Local del Agua de San Lorenzo, Ing. Jhon Villanueva Larrea.
Dicho operativo estuvo dirigido por el fiscal provincial Néstor Sosa Carrillo, quien junto a los agentes policiales, advirtieron la realización de la ilegal actividad de extracción y zarandeo de agregados en el río Calvas, tanto en la margen derecha del lado peruano, y en la izquierda, en la parte del vecino país del Ecuador.
De acuerdo a la versión de la empresa de transportes Leonisa S.R.L., ellos solo cargan el material gracias a un contrato que firmaron con el Consorcio Monterrico-Sicchez, que ejecuta la obra "Construcción y rehabilitación del camino vecinal Sicchez-Monterrico-Ambasal, del distrito de Sicchez, provincia de Ayabaca".
El representante de la Administración Local del Agua de San Lorenzo, indicó que dicha entidad no había otorgado la licencia para la realización de dicha actividad.
Ante ello, el representante del Ministerio Público dispuso a la Policía que proceda a la intervención de las 14 personas que se encontraban operando los vehículos y maquinarias. Asimismo procedieron a la incautación de 9 volquetes, 2 cargadores frontales, una cisterna y una máquina tipo oruga.
Por su parte, el Ministerio Público de Macará y la policía de Ecuador, incautaron 2 maquinarias tipo oruga, y quemaron un campamento minero que habían instalado en el lado ecuatoriano.
Asimismo, el fiscal Sosa realizó las coordinaciones para enviar dichos vehículos a un depósito, mientras se realizan las investigaciones.
"Este es un trabajo conjunto y sigiloso que realizaron las autoridades tanto del Perú como Ecuador, a fin de evitar que se ejecuten actividades ilegales que ponen en peligro el medio ambiente", enfatizó el representante del Ministerio Público de Sullana.