ERP. Pasa el tiempo y todo hace suponer que la anulación del contrato para preparación de expediente técnico y Plan Maestro de Piura llegará a arbitraje. Justamente, a la vista de la comparecencia ante medios de ex funcionarios del PEIHAP en el día 05 de marzo del presente año, el Consorcio Inundaciones Piura no se queda en silencio y respondió sobre el mediático caso.
Diferencias por anulación de contrato siguen adelante
En comunicado Consorcio Inundaciones Piura indica:
- El Consorcio indicó claramente su domicilio legal en Miraflores-Lima en su acuerdo notariado, cláusula 3, párrafo 5. Acuerdo presentado con la oferta, el 30 de noviembre, y reiterado en fase de perfeccionamiento del contrato, el 12 de diciembre.
- La responsabilidad de redactar el contrato es del PEIHAP, que consignó erróneamente dos veces el domicilio de notificaciones como legal y de notificaciones, en el contrato firmado el 13 de diciembre. Este fallo del PEIHAP es subsanable con una simple adenda.
- El cúmulo de sucesos que se producen por una deficiente verificación de los ahora ex responsables del PEIHAP de la documentación contractual y pre contractual es enorme, llegando a provocar un error en una acta policial, que califica el domicilio de notificaciones como legal, obviando el sistema principal de comunicación del contrato mediante correo electrónico y haciendo todo tipo de especulaciones en medios sobre la solvencia del consorcio, formado por 3 firmas de larga trayectoria internacional y que, entre otros, habían aportado más de 4 millones de soles de fianzas, emitidas por 3 entidades financieras de prestigio como BBVA Continental, BCP y BANBIF.
- La anulación del viernes 15 de febrero es adoptada por funcionario sin competencias para ello. Los plazos de descargo otorgados al consorcio a partir de una primera comunicación por mail el día 18 fueron extremadamente cortos e ilegales. Aun así se presentó descargo, cuyos fundamentos se mantienen vigentes en su totalidad.
- La ejecución de una de las dos fianzas de anticipo antes del plazo legal es un hecho muy grave y ha supuesto el primer siniestro en los 46 años de existencia de una de las firmas, afectando a su reputación financiera. Se trató de ejecutar también la segunda fianza de forma ilegal, cuyo importe estaba siendo entregado por cheque de gerencia el mismo 28 en el PEIHAP, de acuerdo a lo requerido por sus ex responsables, y acompañados de notaria.
- Se comentó también que parte del equipo de trabajo forma parte del contrato de supervisión de un plan de inundaciones próximo. Esto es perfectamente legal y gestionable en fase de ejecución. Ambos contratos no han dado a inicio, al tener cláusulas suspensivas y la mayoría de profesionales no tienen dedicación exclusiva. El Consorcio ya manifestó y puede demostrar que había reforzado los equipos de trabajo con profesionales de primer nivel adicionales a los ofertados, que iniciaron algunas tareas previas a nuestra cuenta y riesgo.
- Subyace en todo el discurso de los ex-funcionarios que los TdR del trabajo no son útiles para Piura, lo que supone una crítica frontal al ex equipo del PEIHAP que promovió la licitación y adjudicó, además de a la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, al Banco Interamericano de Desarrollo y al profesional que trabajó en su elaboración. El Consorcio reitera su voluntad de, en fase inicial de ejecución contractual, reunirse con la sociedad civil representativa de Piura y contribuir a la redefinición de alcances, caso que sea necesaria, en un proceso consensuado con el cliente y verificado por la ARCC.
- El consorcio continúa preparando su arbitraje, cuyo plazo límite de presentación vence el 15 de marzo.
- El Consorcio Inundaciones Piura continúa con ganas de aportar su experiencia internacional combinado con profesionales peruanos y piuranos, para realizar el mejor Plan de Inundaciones y de Drenaje de Piura. Sus socias tienen antecedentes claros de haber trabajado con éxito proyectos estratégicos en Piura, Perú y en el mundo. Esperamos que la anulación ilegal y viciada se pueda deshacer, nos reservamos las acciones legales contra los funcionarios que han llevado el expediente a estos extremos, y esperamos que se contrate una supervisión y se pueda dar por fin inicio a unos trabajos tan necesarios para Piura como para los piuranos.
- Lamentamos que los señores ex funcionarios sigan mal informando y especulando sobre lo que es perfectamente demostrable por el consorcio ante la ley y la sociedad civil y profesional. Lo sucedido puede conducir a que Piura, que fue el primero de la veintena de estudios financiados por la ARCC que se contrató, pueda ser el último o uno de los últimos en comenzar, por causas exclusivamente imputables a los ex funcionarios del PEIHAP.
