ERP. Perú atraviesa un momento decisivo de cara a las elecciones del próximo año, marcado por retos estructurales que limitan el potencial de desarrollo del país. En tanto, la fragmentación política, con un número récord de partidos compitiendo, trae consigo diferentes modelos y planeamientos para atender de manera efectiva la crisis de institucionalidad, inseguridad y demás preocupaciones que hoy en día acontecen.

ERP. La Junta de Fiscales Supremos nombró al magistrado Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino, en cumplimiento de la norma que establece la sucesión en dicho cargo. La decisión se tomó luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispusiera la suspensión por seis meses de Delia Espinoza, medida que obligó a activar el mecanismo de reemplazo con el fin de asegurar la continuidad en la conducción del Ministerio Público.

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ERP. El mundo de los juguetes está en constante evolución, y cada año surgen nuevas tendencias que capturan la atención de niños y padres por igual. En 2025, los juguetes de moda se caracterizan por su innovación, interacción y materiales que fomentan la creatividad.

ERP. Por segundo día consecutivo, cientos de jóvenes de la denominada Generación Z, junto a ciudadanos y ciudadanas de Lima, se movilizaron contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra y el Congreso de la República. La protesta cuestionó sus vínculos con intereses empresariales y con redes de criminalidad organizada. Al igual que en la jornada anterior, la represión policial no tardó en llegar: bombas lacrimógenas, golpes y agresiones directas contra los manifestantes marcaron la tarde.

ERP. Mediante la Resolución N.° 2956-2025-MP-FN, la Fiscalía de la Nación designó al abogado Pablo Sánchez Velarde como fiscal de la Nación interino, en reemplazo de Delia Espinoza, suspendida por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

ERP. Una multitud de jóvenes salieron a protestar en la capital de la República, concentrándose en la Plaza San Martín de Lima, para luego movilizarse al Congreso de la República y Poder Ejecutivo, pero la Policía Nacional del Perú acordonó todos los ingresos y de una manera brutal lanzar gases lacrimógenos para obstaculizar la medida de fuerza. Diversas delegaciones, buscaban ingresar, pero se encontraron con esa barrera.

ERP. La Policía Nacional del Perú (PNP) comunicó este sábado a la suspendida fiscal suprema y de la Nación, Delia Espinoza, que dejará de contar con el servicio de seguridad y protección personal que hasta ahora le había sido asignado como alta funcionaria del Estado.

ERP. La Contraloría General de la República reveló retrasos, incongruencias y pagos irregulares en la adquisición de bienes destinados al Programa de Complementación Alimentaria (PCA) y al Programa de Alimentación para Pacientes con Tuberculosis (PANTBC) de la Municipalidad Provincial de Tumbes. Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico superior a los S/ 300 mil. La auditoría también identificó presuntas responsabilidades administrativas y civiles en cinco funcionarios municipales.

ERP. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la suspensión preventiva por un periodo de seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela. La medida fue comunicada mediante un oficio remitido a los fiscales supremos, de acuerdo con lo informado por su abogado, Luciano López.

ERP. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advirtió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) al calificar de inconstitucional el proceso que busca suspenderla por seis meses por no haber restituido en el cargo a Patricia Benavides. Según señaló, la medida excede las competencias del organismo y podría generar graves consecuencias jurídicas y políticas en el futuro.

ERP. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema para que se declare ilegal y se anule la inscripción del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, con lo que quedaría excluido de participar en las elecciones generales de 2026.

ERP. La Contraloría General reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pagó una indemnización de US$ 10 028 467 a una empresa privada tras perder un proceso arbitral internacional. Seis funcionarios y servidores de la entidad afrontan presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado al Estado.