ERP. Hay días dentro de la historia de la democracia, en los que en diferentes años han ocurrido sucesos que no debemos dejar de mencionar, cada vez que las circunstancias así lo exijan, como lo que ocurrió el 11 de octubre de 1847, cuando se promulgo la ley electoral para conceder sufragio y ciudadanía a los indios y mestizos analfabetos casados, que hayan cumplido la edad requerida para ser ciudadanos.
Por Miguel Arturo Seminario Ojeda
Director del Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones
Nos recuerda el historiador Víctor Peralta, en su artículo: “Un recorrido accidentado: la ley electoral de 1896”, que si bien los analfabetos fueron privados del voto, por más de 80 años, tras la Ley Electoral de 1896, en los años previos a la creación de la Junta Electoral Nacional de ese año, en algunas ocasiones habían votado durante la República, como lo habían hecho en los últimos años del virreinato.
Hasta qué punto se habrá cumplido con lo mandado el 11 de octubre de 1847, no he podido comprobarlo, sin embargo, sabiendo de los vicios electorales de esa época, es probable que paralelamente se hayan desarrollado una serie de estrategias para manipular la voluntad de los votantes, orientando sus preferencias hacia determinados candidatos de los grupos en disputa del poder político.
La iglesia de Sechura, testigo de los procesos electorales en esa localidad.
La exclusión étnica, que no se observó en las elecciones mandadas por la Constitución de Cádiz, como lo menciona la historiadora Gabriela Chiaramonti, era frecuente, y donde los indígenas significaban una mayoría entre los electores y elegibles, cuando se les permitía legalmente esto último, arreciaba la violencia por parte de los hacendados, y de sus aliados en la conformación de las mesas electorales.
Otra fecha relacionada con el 11 de octubre, es la Ley de Municipalidades promulgada en 1892, que estableció el sufragio directo para las elecciones de alcaldes y regidores. La Legislatura en 1893 aplazó su cumplimiento, y este año, también un 11 de octubre, se dictaron normas para corregir las elecciones de concejos municipales, dado que las últimas elecciones municipales, habían estado llenas de irregularidades.
Ernesto Araujo Álvarez, primer presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que tuvo a cargo el proceso electoral del 11 de octubre de 1931.
Todo este cuerpo legislativo para direccionar los procesos electorales en el Perú, indudablemente se tenía en cuenta en Piura, espacio del que hemos verificado documentalmente, elecciones municipales llevadas a cabo en las capitales de distritos y de provincias. Los tenemos de Piura, Paita, Sullana, Catacaos, Querecotillo, Tambogrande, La Huaca, Amotape, Ayabaca, Sechura y Huancabamba.
Finalmente, un 11 de octubre de 1931, se llevaron a cabo simultáneamente, elecciones Generales y de Constituyente. Con este proceso se inicia la vida electoral moderna del país, ya que unos meses antes se había promulgado el decreto ley 7177, que creó el Jurado Nacional de Elecciones, organismo electoral con carácter permanente, que desde hace 90 años existe ininterrumpidamente, liderando los procesos electorales generales, regionales y municipales.
Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX las elecciones no eran secretas.
Es de destacar, que en el proceso electoral de 1931, estuvieron en competencia, tres candidatos del norte del país, Arturo Osores, de Cajamarca; Víctor Raúl Haya de la Torre, de La Libertad; y, Luis Miguel Sánchez Cerro, de Piura, con el triunfo de este último, que gobernó el Perú, hasta su asesinato en 1933.
