ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura solicitó al Sistema de Justicia en su conjunto una actuación eficaz que permita prevenir y atender adecuadamente los casos de violencia contra las mujeres y el grupo familiar, los cuales vienen aumentando en los últimos meses. Asimismo, ha solicitado información sobre el caso de una mujer víctima de violencia por parte de dos efectivos policiales.
Sobre este hecho, se ha solicitado informar las acciones adoptadas para proteger a la víctima, luego de que presentara su denuncia el 21 de junio en la comisaría de Tacalá, al día siguiente de la agresión por parte presuntamente del personal policial. En específico, la petición fue realizada a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familia; al Segundo Juzgado de Familia de Piura; a la Unidad Territorial Piura del Programa Nacional Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulerables (MIMP); a la I Macro Región Policía Piura; a la comisaría mencionada, y a la Oficina Descentralizada de Inspectoría de Piura.
Asimismo, la institución manifestó su preocupación por la creciente cifra de agresiones físicas, psicológicas y sexuales que se registran en la región en agravio de mujeres, sean adultas, niñas o adolescentes. Además, informó que, no solo están interviniendo en el caso mencionado, sino también en otras provincias, como Ayabaca, Tambogrande y Talara, por casos de violencia hacia la mujer.
En la región Piura, de enero a mayo de 2021, se han atendido 3076 casos de violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En dicho periodo, de acuerdo al reporte estadístico de casos atendidos por los servicios del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Aurora, se han reportado dos feminicidios y dos tentativas de feminicidio. Sin embargo, en el mes de junio se registró un nuevo feminicidio.
El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego, recordó que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 4º del Decreto Legislativo Nº 1470, independientemente del nivel de riesgo, toda denuncia se debe comunicar inmediatamente al juzgado para el dictado de medidas de protección. Asimismo, el juzgado de familia debe dictar en el acto las medidas de protección y/o cautelares idóneas, prescindiendo de la audiencia y con la información que tenga disponible, no siendo necesario contar con la ficha de valoración de riesgo, informe psicológico u otro documento que por la inmediatez no sea posible obtener.
La institución reafirmó su compromiso de velar por la vigencia del derecho fundamental a una vida libre de violencia y señaló que continuará realizando supervisiones permanentes al sistema de justicia para proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños, adolescentes y los integrantes del grupo familiar. En esa línea, recordó a la ciudadanía que cualquier vulneración de sus derechos puede ser comunicada a los números 945084500 y 969621608 o al correo electrónico:
