ERP. Las elecciones regionales y municipales celebradas en Piura durante anteriores procesos electorales transcurrieron, por lo general, sin mayores controversias, más allá de incidentes propios de una jornada democrática. Así ocurrió con los triunfos de Javier Atkins Lerggios, Reynaldo Hilbck Guzmán en su primer mandato, Servando García Correa e incluso Luis Neyra León. Los resultados no estuvieron acompañados de cuestionamientos de la magnitud que hoy rodea al actual proceso electoral.
Lamentablemente, el escenario ha cambiado. La segunda vuelta regional se desarrolla en medio de una creciente controversia por la presunta injerencia política del gobernador Luis Neyra León, el respaldo a la candidatura de Guillermo La Torre Gómez y, particularmente, las irregularidades y controversias relacionadas con las actas electorales del distrito de San Juan de Bigote. Estos acontecimientos han generado un ambiente de desconfianza, sospechas y cuestionamientos que compromete la credibilidad del proceso y prolonga innecesariamente la definición de los resultados.
El caso de San Juan de Bigote se ha convertido en el principal foco de controversia. Santiago Paz López ha reclamado el cómputo de las mesas de sufragio de este distrito, mientras que el Jurado Electoral Especial de Morropón mantiene su posición frente a los pedidos formulados. El asunto llegó en primera oportunidad al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuya decisión dispuso ordenar se proceda al cómputo lo que no sucedió. Posteriormente, se recurrió nuevamente a la instancia electoral nacional, sin obtener tampoco el resultado esperado. Ahora se anuncia una nueva apelación, aunque la reiteración de estas decisiones ha profundizado la desconfianza de quienes reclaman que se contabilicen los votos.
Lo ocurrido constituye un precedente preocupante para la democracia. Si la desaparición, destrucción o falta de disponibilidad de actas electorales puede terminar afectando la contabilización de los votos, se abre un flanco peligroso para la transparencia de cualquier elección. La existencia de actas de seguridad y mecanismos de contingencia no es un asunto accesorio, sino una garantía indispensable para preservar la voluntad popular. Por ello, las circunstancias que rodean este caso deben investigarse exhaustivamente y establecerse las responsabilidades que correspondan, incluyendo, de ser el caso, las de los funcionarios electorales involucrados.
Los cuestionamientos tampoco provienen de un solo sector político. Santiago Paz ha reclamado la contabilización de las mesas; Servando García ha expresado su sorpresa por las distorsiones advertidas en el manejo de las actas y Reynaldo Hilbck Guzmán también se ha sumado a las preocupaciones sobre el desarrollo de este proceso. Cuando las dudas alcanzan a distintos actores políticos, las autoridades electorales tienen una obligación todavía mayor de actuar con transparencia, independencia e imparcialidad.
Hay otro aspecto que tampoco puede pasar inadvertido. Aunque no corresponde descalificar a Guillermo La Torre Gómez por su trayectoria o nivel de conocimiento público, su eventual ubicación en el segundo lugar de la contienda regional se encuentra rodeada de cuestionamientos que deben despejarse con evidencia electoral y no mediante especulaciones. El JNE no debería permitir que este espinoso asunto llegue a la segunda vuelta sin una respuesta clara y definitiva sobre las actas de San Juan de Bigote. Cualquier investigación sobre una eventual interferencia política deberá alcanzar a todos los actores que pudieran tener responsabilidad, sin exclusiones ni privilegios.
La prohibición de la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes busca, entre otros objetivos, impedir que los recursos y la estructura del Estado sean utilizados para favorecer intereses políticos particulares. En ese contexto, la relación política que se atribuye a Luis Neyra León con la candidatura de Guillermo La Torre merece un escrutinio riguroso. Corresponde a los organismos de control determinar si existió utilización indebida de recursos públicos o alguna ventaja irregular, así como esclarecer el origen y la transparencia del financiamiento de la campaña de Podemos Perú.
A ello se suma la proliferación de extensos murales amarillos con el nombre de «Memo La Torre» en distintos espacios públicos de Piura y otras provincias. La dimensión de esta publicidad política contrasta con las múltiples carencias y problemas urbanos que afronta la región. La ONPE y las instancias competentes deben verificar si los gastos de propaganda electoral están debidamente declarados, si cuentan con fuentes de financiamiento identificables y si respetan los límites establecidos por la normativa electoral.
Mientras tanto, Reynaldo Hilbck Guzmán, quien obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, ha expresado su preocupación por esta situación atípica. No se trata de desconocer resultados ni de favorecer a una candidatura, sino de exigir que cada voto sea respetado y que ninguna decisión administrativa o jurisdiccional termine debilitando la legitimidad del proceso.
La democracia no admite resultados sustentados en dudas sin esclarecer, actas sin contabilizar o decisiones electorales que no expliquen suficientemente sus fundamentos. El Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de garantizar que la voluntad ciudadana sea respetada y que el caso de San Juan de Bigote no se convierta en una herida institucional para Piura.
El organismo electoral debe actuar con firmeza, independencia y transparencia. No puede limitarse a convalidar decisiones cuestionadas sin examinar rigurosamente los argumentos y las evidencias presentadas. La segunda vuelta regional debe comenzar con certezas, no con sospechas. Y si existen responsabilidades, estas deben investigarse y sancionarse conforme a ley, cualquiera sea el nivel político o institucional de los involucrados.
