ERP. La Contraloría General reveló que en la obra de reparación de laguna de tratamiento de aguas residuales, en la laguna la Tucilla, Zorritos, se tramitaron pagos con firmas de personal clave que no participó en su ejecución.
Al respecto, se consideró la firma y sello del residente de obra en documentos como actas de entrega de terreno y cuadernos de obra y valorizaciones. Sin embargo, de la revisión del aplicativo INFOBRAS se detectó que el profesional realizaba en paralelo la misma labor en una obra en la ciudad de Trujillo, lo que fue corroborado por la entidad a cargo.
Además, él mismo profesional negó haber sido residente en la Tucilla e indicó que no entregó su currículum vitae, las firmas no le corresponden y confirmó su participación en la obra de Trujillo. Pese a ello, la supervisión, la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural y su Subgerencia a cargo tramitaron y pagaron las valorizaciones en su totalidad, incluido el costo por el residente, hecho que no se dio y por tal generó un perjuicio de S/23 010.
Similar es el caso del especialista en seguridad, salud y medio ambiente quien expresó no haber firmado diez informes donde aparecen su rúbrica y sello, pero que fueron usados para pagos. Dicha situación no fue advertida por la supervisión y entidad, lo que ocasionó un perjuicio de S/ 13 452.
Cabe precisar que el contratista no cumplió con acreditar el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del especialista en metrados, valorizaciones y liquidaciones; no obstante, se suscribió el contrato. Tampoco se encontró documento alguno emitido por el profesional e igual se le pagó a la empresa, perjudicando a la entidad en S/6 726.
Por otro lado, se verificó la aprobación de un adicional deductivo de obra sin contar previamente con certificación presupuestaria y considerando en el deductivo partidas que ya contaban con ejecución física, por lo que al restar el monto correcto entre adicional y deductivo, el importe resultante y real fue de 24.60% del monto contractual, porcentaje que supera el 15% de incidencia y por tal debió tener autorización expresa de Contraloría para su viabilidad.
Sumado a ello, en informes emitidos en la ejecución, se advirtió que al 15 de setiembre del 2021, el cerco perimétrico, motivo del adicional, no se había construido en su totalidad, situación que fue ratificada por la supervisión en dos informes y en la segunda visita del comité de recepción del 27 de setiembre, dejando constancia en el acta de recepción.
A pesar del incumplimiento del plazo contractual y las evidencias, la entidad no se pronunció sobre la liquidación que presentó el contratista, quedando consentida automáticamente y solo aplicando penalidad por la ausencia por 10 días de 2 profesionales claves, cuando correspondía aplicar penalidades, tanto por la ausencia total y atraso en la ejecución.
Por lo expuesto, se halló un perjuicio económico de S/193 627.98 por inaplicación de penalidades. Tras las irregularidades determinadas en el informe N.º 043 -2024 -2 -0474 -SCE, se identificó presunta responsabilidad en seis funcionarios, cinco bajo el ámbito penal, dos por el Proceso Administrativo Sancionador de Contraloría y uno en administrativo por la entidad.
