ERP. El Poder Judicial dispuso la suspensión, de manera provisional, del proceso de elección del nuevo Defensor del Pueblo, llevado a cabo por el Congreso. La resolución corresponde al Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, que concedió la medida cautelar interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo en contra de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la Comisión Especial encargada del proceso de selección.
El proceso queda suspendido hasta que culmine la tramitación del proceso de amparo, informó el Poder Judicial a través de su cuenta de Twttier.
🚨 [#Importante] Tercer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima concede medida cautelar y suspende de manera provisional el procedimiento de elección del Defensor del Pueblo hasta que culmine la tramitación del proceso de amparo. 📄Resolución: https://t.co/jIm42kwbBv
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 9, 2022
La audiencia donde se revisará el recurso de amparo, presentado por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo se efectuará el próximo 18 de julio, a las 10:30 horas.
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo acusa la existencia de vicios formales en el procedimiento del Congreso de la República para la elección del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, por lo que solicitó dejar sin efecto el procedimiento de elección.
La resolución es firmada por el juez John Javier Paredes Salas y fue emitida ayer, miércoles 8 de junio. La autoridad judicial advierte “un peligro inminente de que el referido proceso de elección (del defensor) termine realizándose sin los requisitos mínimos de publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil”.
Paredes Salas menciona en su resolución que el cronograma formulado por María Alva “no ha reconocido una etapa en donde se haya permitido a la ciudadanía ejercer control sobre la idoneidad de los candidatos, ni tampoco una etapa o etapas que permitan publicitar, de forma expresa y con amplitud, la información que se haya obtenido de la instituciones que guardan información relevante para este fin, como la obtenidas de la Contraloría General de la Republica, el Poder Judicial, el Ministerio público, entre otros”.
El juez sustenta su resolución en un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en el caso de la elección de miembros del Tribunal Constitucional del 2019, expresó que “todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales”.
Contrario a esto, la presidenta del Congreso y además décima integrante de la comisión especial, María Alva, ha evidenciado la intención de realizar un proceso de elección sumamente célere.
La parlamentaria de Acción Popular incluso se mostró en contra de que la Contraloría intervenga, al considerar que este proceso debería ser lo “más ágil”. “Tenemos que agilizar este tema, vamos a pedir todos los documentos que sean necesarios, pero (...) el procedimiento va a ser diferente, no va a ser igual al TC. Eso que quede claro. Además, hablamos que lo vamos a elegir en esta legislatura. Entonces, por favor tenemos que ser menos burocráticos en los temas que vamos a pedir”, expresó.
