ERP. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, se presenta este 21 de marzo en el Pleno del Congreso para responder al pliego interpelatorio, de 21 preguntas, por el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa brasileña Odebrecht y que para muchos la medida buscaría dejar sin efecto el acuerdo suscrito para lograr una colaboración eficaz.
La moción de interpelación fue presentada por la parlamentaria Yeni Vilcatoma con la finalidad de que el ministro explique los detalles del acuerdo firmado por el procurador ad hoc Jorge Ramírez y por los fiscales que investigan el caso Lava Jato con la empresa Odebrecht.
El acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht permitirá dentificar a los responsables de los actos de corrupción investigados, aseguró el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, al responder el pliego de interpelación del Congreso de la República.
“Estos acuerdos permitirá aterrizar puntualmente en todos los que tuvieron algún grado o nivel de participación en los hechos investigados (…) permitirá deslindar responsabilidades y a los responsables”, manifestó.
Zeballos enfatizó que los procesos de colaboración eficaz están regulados en el Código Procesal Penal y recordó que el acuerdo con Odebrecht se realizó en el marco de la Ley 30737, aprobada por el Congreso, la cual permite suscribir esos convenios con personas jurídicas.
Al iniciar su exposición, consideró necesario que todos los sectores del país se unan para combatir el flagelo de la corrupción, al cual calificó como un problema endémico y estructural.
Jorge Miguel Ramírez Ramírez, es el procurador que participó en el acuerdo, cuya responsabilidad no es del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio Público y del Poder Judicial; es por esta razón que las preguntas del pliego interpelatorio en gran parte no podrían ser respondidas por Vicente Zevallos y más aún están vinculadas a la actividad procesal que es reservada.
Mediante dicho acuerdo, la constructora brasileña se compromete a entregar toda la información sobre los sobornos que pagó en Perú a funcionarios y a entregar una reparación civil de más de S/ 600 millones.