ERP. Hace algunos años, el fallecido congresista José Carlos Carrasco Távara propuso y se aprobó una Ley, para extender los beneficios del canon petrolero a los institutos tecnológicos y pedagógicos de gestión pública de la región Piura; el propósito era otorgarle los recursos económicos para inversiones en infraestructura.
Desde la época de César Trelles Lara, las transferencias han sido mayores a los gastos y la acumulación de los montos, creo intenciones para usarlos en asuntos diferentes; pese a ello, se respetó la legislación que declara la intangibilidad de los recursos para fines diferentes a los creados.
El tiempo ha pasado y las inversiones en infraestructura son mínimos en relación a los mantenimientos. En la gestión de don Javier Atkins, los usos de estos recursos, no fueron los más eficientes y al contrario, se fraccionó muchos procesos con la finalidad de favorecer a postores limeños.
En esas condiciones recibió la gestión de don Reynaldo Hilbck los recursos que deben ser para los institutos tecnológicos y pedagógicos públicos de Piura. Altos montos no usados y los pequeños gastos sin ningún criterio de prioridad.
Frente a ello, y ante la rigidez de las otras fuentes de financiamiento de los gobiernos regionales, se da un Decreto Legislativo que faculta al Gobierno Regional de Piura utilizar más de 87 millones de soles de los saldos de balance de recursos de la Unidad Ejecutora de Institutos Superiores para proyectos de inversión, mantenimiento y equipamiento.
El saldo de balance se refiere a los recursos no usados durante los últimos años y que se han acumulado.
Frente a ello, las protestas, sobre todo de los estudiantes talareños no se hizo esperar e iniciaron medidas para hacer sentir su voz. Tienen toda la razón y en ese sentido, debe garantizarse esos recursos para el desarrollo institucional de todos los institutos que existen en el ámbito regional.
Sobre el tema, existen responsabilidades del Gobierno Regional por la mediocridad de los funcionarios para la gestión de estos recursos y por el otro lado, no se han planteado objetivos concretos para mejorar los estatus de los institutos tecnológicos y pedagógicos de Piura.
Muchos institutos tienen más profesores que alumnos y la oferta educativa no se articula con el mercado, los estudiantes no pueden realizar continuidad con el sistema universitario y las carreras que se ofertan son las tradicionales sin ninguna perspectiva de crecimiento.
Por lo expuesto, se debe tener en cuenta que el canon petrolero puede potenciar la educación tecnológica y que usos diferentes perjudican esa posibilidad; sin embargo, debe realizarse un estudio profundo y realizar alianzas con el sistema universitario para que la continuidad en la formación técnico profesional.
