ERP/V.Arrunátegui. A través de carta notarial Nº 3989, dirigida a nuestra sala de redacción, la empleada sindicalista de la Municipalidad Provincial de Talara (MPT), Rossana Milagros Zapata Córdova, puso de conocimiento público que la nota publicada por este medio el pasado 03 de julio de los corrientes no se ajusta a la verdad debido a que la empresa “Giamirza Eirl” perteneciente a su hijo Gian Marco Miranda Zapara fue constituida en diciembre del 2013, participando en los servicios otorgados por la Municipalidad Provincial de Talara de acuerdo al derecho a la libertad de contratación y trabajo tal como lo estipula la Constitución Política del Perú en su artículo 62 y numeral 15 del artículo 2 respectivamente.
La afectada indica que la sobrevaloración de los ocho servicios que prestó durante el 2014 por un monto que sobrepasan los 79,600.00 soles, no pueden ser determinadas por el jefe de la oficina administrativa y finanzas de la MPT, ni por el procurador municipal, por cuanto los procesos de selección fueron llevados a cabo por el órgano de contratación de logística y el comité especial de la MPT asignado para tal fin.
Señala que el responsable de la nota periodística lo realizó de manera parcial y subjetiva, sin buscar las fuentes necesarias para su publicación, basándose solo en las declaraciones del jefe de la oficina de planificación y presupuesto de la MPT, vulnerando la presunción de inocencia e incurriendo en acto de difamación irreparable, a consecuencia de que todo obedecería a un acto de venganza al dar conocimiento a la secretaría general de la MPT de que el jefe de la oficina de planificación y presupuesto de la MPT, había autorizado a que una persona particular instale en el área de atención al cliente el servicio de fotocopiado, que traería como consecuencia la pérdida de los beneficios propios al plan de incentivos de mejoras en los gobiernos locales otorgados por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Cabe indicar que consultado con el tema, el corresponsal de este medio en esta ciudad, refirió haberse conectado una semana antes a la publicación con el esposo de la afectada, quien pertenece a la Policía Nacional y brinda servicio en la comisaría de Talara Alta a quien le mostró documentos de la supuesta irregularidad, indicándole le haría referencia de lo ocurrido a su esposa para su defensa sin que antes a la publicación lo hiciera.
