ERP. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura requirió al Banco de la Nación implementar procedimientos financieros y bancarios para atender a personas adultas mayores o vulnerables y así evitar que se expongan al riesgo de contagio del COVID-19. Este pedido se realizó tras intervenir en el caso de una ciudadana de 91 años que no podía cobrar su pensión de viudez debido a que su tarjeta de la referida entidad bancaria venció en abril del 2020.
Al respecto, el hijo de la ciudadana informó que para efectuar la renovación de la tarjeta, el Banco de la Nación exigía que su madre acuda a sus oficinas en forma presencial. Sin embargo, la señora pertenece al grupo de personas vulnerables frente al COVID-19 y en estas circunstancias su desplazamiento a la entidad es peligroso, más aún si existe aglomeración de personas.
Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura se comunicó con la entidad bancaria y le solicitó brindar las facilidades del caso para que la ciudadana pueda realizar el trámite de renovación de tarjeta, proponiendo que un representante de la entidad financiera acuda a su domicilio. Sin embargo, el banco indicó que, por su sistema, no era posible tal planteamiento. En vista de ello, se coordinó con la jefatura macrorregional del banco para que la ciudadana y su hijo acudan a la sede de la entidad bancaria y se les garantice la atención inmediata.
“Al acompañar a la señora hasta la agencia del Banco de la Nación, a bordo del vehículo le hicieron firmar unos documentos, los cuales también pudo firmar en su domicilio si un funcionario hubiera acudido, a fin de no exponer a la ciudadana”, indicó el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura, César Orrego.
Si bien, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), como parte de las medidas de protección dispuestas por la entidad para proteger a los adultos mayores frente a la propagación del COVID-19, ha implementado un servicio para que sus pensionistas puedan solicitar que se les lleve la pensión a sus domicilios, este proceso demoraría 60 días, tiempo en el cual las personas no pueden cobrar su pensión.
En ese sentido, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura exhortó al Banco de la Nación a simplificar los procesos y gestiones bancarias, así como acortar los plazos de trámites, sobre todo en la coyuntura actual, pues los procedimientos deben servir a la ciudadanía y se debe garantizar que la población vulnerable pueda acceder oportunamente al uso de servicios financieros sin salir de casa.
