ERP. La jueza Margarita Salcedo Guevara, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó este domingo 18 meses de impedimento de salida del país contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien es investigado por el delito de lavado de activos debido a los presuntos aportes irregularidades para su campaña presidencial del 2016.
Esta audiencia tenía realizarse recién el lunes, pero el Ministerio Público solicitó que se adelantara para hoy debido a que el exjefe de Estado intentó viajar a Estados Unidos la noche del sábado 7 de junio; sin embargo, fue impedido de hacerlo debido a una alerta migratoria vigente.
Carlos Puma Quispe y Leidi Gálvez Sánchez, ambos de la Segunda Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos, llegaron hasta el aeropuerto para constatar el intento del expresidente de abandonar el Perú.
Si bien la Fiscalía solicitaba 36 meses, la jueza Margarita Salcedo consideró desproporcionado ese tiempo y consideró que 18 meses son prudentes.
Kuczynski no estuvo presente en la sala, ya que, según su abogado, se encuentra con descanso médico. No obstante, la defensa legal del exmandatario adelantó en la audiencia que apelará el fallo judicial; mientras que la Fiscalía se mostró conforme.
La misma jueza Salcedo Guevara había declarado el pasado 29 de mayo la "caducidad" del mandato de comparecencia con restricciones que pesaba sobre Pedro Pablo Kuczynski desde el 15 de marzo del 2022.
Por otro lado Kuczynski Godard emitió un comunicado en el que señaló que Migraciones “vulneró todos” sus “derechos constitucionales” al no permitirle su salida del país anoche aduciendo una alerta migratoria que no tiene asidero legal.
El exjefe de Estado también precisó que no tiene un impedimento de salida del país, por lo que pretendía dirigirse a Estados Unidos para “atender una cita médica” y reunirse con su esposa, Nancy Lange, a quien, según aseveró, no la ve hace más de siete años.
El Ministerio Público considera en su tesis fiscal que el exmandatario recibió, antes de la segunda vuelta presidencial de 2016, 100 000 dólares de la empresa Construcción y Administración S.A., que no fueron registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
La Fiscalía indica que en Peruanos Por el Kambio presuntamente se estructuró un esquema de falsos aportantes y de recepción de dinero en efectivo destinado a evitar que se identifique la procedencia de este.
