ERP. Existen decisiones que se adoptan por encima de intereses particulares o de grupo y prevalece la interpretación correcta de la Constitución y las Leyes, justamente, la cuestionada composición del Tribunal Constitucional se encimó a las críticas y resolvió declarar infundadas las pretensiones del Congreso de la República pronunciándose mayoritariamente a favor del Poder Judicial.
Según se conoció, los magistrados del Tribunal Constitucional Hernández Chávez, Morales Saravia y Gutiérrez Ticse, cuya posición conservadora favorece muchas veces a la mayoría Congresal, tuvieron que abandonar el debate, al no lograr imponer su ponencia que considerada la razón a favor del Congreso; mientras que los magistrados Pacheco Zerga, Domínguez Haro, Monteagudo Valdez y Ochoa Cardich se pronunciaron a favor del Poder Judicial.
Previamente, el Congreso de la República modificó el Nuevo Código Procesal Constitucional, para muchos críticos con la finalidad de incidir en la demanda competencial; sin embargo, la presente resolución, es un hito diferente a las decisiones que venía emitiendo la máxima instancia de cautela de la Constitución Política del Perú, que ha sido retaceada a antojo del Congreso.
Al no alcanzarse los votos mínimos de cinco, para declarar fundada una demanda competencial, esta fue rechazada. Con la ley aprobada en el Congreso, que disminuye a cuatro votos, habría sentencia en contra; sin embargo la norma aún no entra en vigencia pues faltaría ser remitida al Ejecutivo y, en caso de que no sea observada, promulgada.
El constitucionalista Omar Cairo calificó la decisión del TC como "reconfortante". "El máximo órgano de justicia constitucional del país ha demostrado independencia y una completa lejanía con la lamentable modificación del Código Procesal Constitucional realizada por el Congreso. El fracaso del prolongado intento parlamentario de arrebatar sus cargos a Inés Tello y a Aldo Vásquez es una muestra de que la recuperación de la institucionalidad en el Perú sigue siendo posible”, expresó.
El Croncejo de la República, totalmente arbitrario, esperaba que los cambios de su norma aproba se apliquen en los procesos en trámite; pese a ello, se evidencia que la posición de los magistrados del Tribunal Constitucional era defender las competencias del Poder Judicial y evitar un abuso del derecho contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez e Inés Tello, que de esta manera, terminarán su mandato habiendo superado este tipo de situaciones.
