ERP. La Contraloría General determinó que funcionarios del Seguro Social de Salud (EsSalud) habrían favorecido a una empresa en la adquisición directa de un producto farmacéutico por S/ 12.6 millones, el cual carecía en ese momento de registro sanitario y fue entregado fuera del plazo previsto en el contrato. Siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa en estos hechos ocurridos entre julio 2020 y enero 2021.
Según el Informe de Control Específico N° 012-2022-OCI/0251-SCE, en julio de 2020, funcionarios de la entidad realizaron un requerimiento para comprar más de 4 millones 833 mil ampollas de un producto farmacéutico utilizado para facilitar la intubación en pacientes afectados con el Covid-19, sin considerar que los establecimientos de salud comunicaron que solo necesitaban 631 mil 940 ampollas (de Rocuronio - Bromuro) a nivel nacional y que la entidad carecía de capacidad para almacenar dicha cantidad de productos.
De acuerdo a la documentación revisada, las unidades orgánicas responsables validaron el requerimiento, incluso, se elaboró en un mismo día un informe técnico donde se argumenta la necesidad de contar con mayor cantidad del producto farmacéutico debido a la prórroga del Estado de Emergencia por la pandemia del Covid-19, entre otras razones.
Presunto favorecimiento a proveedor
Como el producto farmacéutico se necesitaba con relativa urgencia, la primera semana de agosto se solicitaron cotizaciones para que la adquisición y entrega del producto se concrete a más tardar el 7 setiembre del 2020. Sin embargo, el postor ganador no estaba en capacidad de entregar la totalidad del producto en esa fecha, por lo cual rechazó la orden de compra.
Cuando se realizó el segundo pedido de cotizaciones, se evaluó, admitió y seleccionó a un proveedor que carecía de registro sanitario del producto farmacéutico y tampoco estaba autorizado para la importación de dicho producto, los cuales eran requisitos técnicos mínimos para participar como postor.
La adjudicación directa por más de S/ 101 millones se concretó el 11 de agosto del 2020. A pesar de que el proveedor se encontraba imposibilitado de cumplir con el contrato, la entidad emitió tres órdenes de compra para la adquisición del producto farmacéutico.
La primera adquisición de 600 mil ampollas por S/ 12 millones 600 mil contempló la entrega del producto entre el 12 al 15 de agosto en el Almacén Central de EsSalud ubicado en el Callao. Sin embargo, el producto se entregó en los almacenes de las redes asistenciales a nivel nacional desde el 15 de agosto hasta el 25 de setiembre del 2020.
El proveedor argumentó que el producto farmacéutico no fue entregado oportunamente debido a que EsSalud carecía de capacidad de almacenamiento. La entidad, al aceptar este argumento y no verificar que el proveedor contaba con la totalidad del bien ofertado, limitó la aplicación de la penalidad máxima de S/ 1 millón 200 mil por el retraso (al revisar la documentación de Aduanas, la comisión de control ha determinado que una parte del producto farmacéutico ingresó al país en fechas posteriores a la orden de compra).
Ante la falta de este producto farmacéutico para el tratamiento del Covid-19, en agosto, diez redes asistenciales a nivel nacional optaron por comprar en simultáneo 27 mil ampollas del producto farmacéutico por más de S/ 541 mil.
Órdenes de compra canceladas
La primera semana de octubre, el Almacén Central de EsSalud se encontraba en su máxima capacidad de almacenamiento del producto farmacéutico adquirido, el cual requiere una cadena de frío para su conservación. Por ello, la entidad decidió cancelar la segunda y tercera orden de compra (por un valor de S/ 25 millones 200 mil y S/ 63 millones 698 mil, respectivamente). Ni el Almacén Central ni los almacenes de las redes asistenciales contaban con capacidad suficiente para albergar dichos bienes.
Ante la resolución (cancelación) de las órdenes de compra, la empresa proveedora interpone una demanda arbitral, la cual concluye con una conciliación. La entidad se compromete a la adquisición de más de 2 millones 116 mil ampollas del producto farmacéutico, adicionales a la primera compra realizada de 600 mil ampollas.
Responsabilidades
La Contraloría General comunicó al presidente ejecutivo del Seguro Social los resultados del servicio de control específico donde se encontró presunta responsabilidad penal y/o administrativa a siete funcionarios y exfuncionarios de la entidad. Además, se recomendó al Procurador Público iniciar las acciones legales contra los presuntos implicados en estos hechos ocurridos entre julio 2020 y enero 2021.
