ERP. En los últimos dos años, más de 200 evasores y contrabandistas fueron sentenciados por el Poder Judicial a penas efectivas de cárcel por delitos tributarios y aduaneros, como consecuencia de procesos judiciales impulsados por la Procuraduría Pública de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Desde inicios del 2020 hasta octubre de este año, la acción de la Procuraduría posibilitó que, de ese total de casos, 154 fueran por condenas referidas a delitos aduaneros y 49 por delitos tributarios.
Estos sujetos no solo evadieron el pago de impuestos, perjudicando al fisco en la recaudación fiscal, sino que también ejercieron competencia desleal frente a los empresarios formales que sí cumplen con todas sus obligaciones tributarias y aduaneras.
Las penas en estos casos van de entre 4 a 8 años de cárcel efectiva y son la culminación de las acciones de fiscalización y control realizadas por la SUNAT, que permitieron obtener las pruebas para presentar las denuncias por estos delitos.
En materia aduanera, los delitos más recurrentes por los que el Poder Judicial sentenció a más de 150 personas fueron: contrabando, tráfico de mercancías prohibidas o restringidas o defraudación de rentas de aduana.
En tanto, en delitos tributarios, la modalidad más recurrente fue la de obtención indebida de crédito fiscal para reducir el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y la deducción de gasto y/o costo para el Impuesto a la Renta (IR), a través de operaciones no reales (uso de facturas falsas).
Las regiones donde se emitieron más sentencias en estos dos últimos años son Lima, Callao, Arequipa, Puno, y Tacna.
Casos
En julio del presente año, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima condenó a seis años de prisión efectiva y al pago de más de 2 millones de soles a tres empresarios que emitieron y manipularon recibos por honorarios de sus trabajadores, consignando montos mayores para incrementar sus gastos y reducir el Impuesto a la Renta.
Los condenados también incurrieron en la obtención indebida de crédito fiscal del IGV de los meses de octubre a diciembre del año 2000, sustentados en comprobantes de pago emitidos por tres empresas y una persona natural con negocio, las cuales fueron determinadas como operaciones no reales.
También, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao condenó a ocho años de prisión efectiva y treinta mil soles por reparación civil al gerente de una empresa por delito de defraudación de rentas de aduanas agravado, por un monto de 98 mil dólares.
La empresa importó mercancía de China y declaró a la Aduana peruana valores menores a los que se consigna en las declaraciones de exportación de la Aduana china, cuando estos deberían ser iguales.
Los procesos judiciales contra las personas que cometen delitos tributarios o aduaneros son llevados al Poder Judicial por la Procuraduría Pública de la SUNAT, que actúa una vez que las acciones de fiscalización y control detectan la posible comisión de un delito.
En los últimos once años, son 777 las personas condenadas a penas efectivas, 591 por delitos aduaneros y 186 por faltas tributarias.
