ERP. Como parte de las acciones del Gobierno para la lucha contra la corrupción, el presidente de la República, Pedro Castillo, y la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, suscribieron esta mañana el Decreto Supremo que aprueba la Estrategia de Integridad para el año 2022, la cual establece un paquete de diez medidas prioritarias que buscan prevenir actos de corrupción en el Poder Ejecutivo.
Fue durante la 39.° sesión de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, desarrollada en Palacio de Gobierno y que contó con la presencia de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez; el secretario técnico del Acuerdo Nacional, Max Hernández; la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello; el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Baltazar Lantarón; y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y de Educación, Carlos Gallardo.
Durante su alocución, Vásquez Chuquilín recordó que hoy es una fecha significativa para estas medidas, pues se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. En ese marco, enfatizó que la estrategia presentada es una muestra de la voluntad del Ejecutivo para asumir de manera seria la prevención de los actos de corrupción. “Esto supone la adopción de 10 medidas prioritarias en cuatro ámbitos de acción, en respuesta también a las preocupaciones expresadas por la ciudadanía los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil, sobre la necesidad de implementar mayores niveles de probidad y transparencia en el sector público”, manifestó.
En ese sentido, detalló medidas para asegurar mejoras en la designación y contratación de servidores y funcionarios públicos. “No más escándalos derivados de malas designaciones, de más está decir que ello conlleva a la revisión de quienes hoy se encuentran ocupando puestos públicos”, aseveró.
Asimismo, anunció la capacitación de servidores públicos para que identifiquen y gestionen posibles problemas éticos; la implementación de registro estándar de visitas en línea; implementación de un registro de solicitudes de atenciones de audiencia de gestión de intereses; además de asegurar el cumplimiento estricto y la presentación oportuna de la declaración jurada de intereses.
También anunció la implementación de las oficinas de integridad en todas las entidades el Poder Ejecutivo, además de trabajar un marco normativo que asegure la efectividad y mayor independencia de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como fortalecer la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano para su accesibilidad a la ciudadanía.
“La finalidad de estas medidas no solo es atacar las causas que han generado cuestionamientos, sino también contribuir, desde el Gobierno, a elevar esos estándares de integridad”, resaltó la jefa del Gabinete Ministerial.
Cabe señalar, además, que estas medidas se encuentran alineadas a los alcances de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, la cual se viene actualizando con una mirada al 2030 con participación de la CAN Anticorrupción.
Estrategia reconocida por Naciones Unidas
En otro momento, el representante de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, Antonino De Leo, reconoció la aprobación de la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo al 2022, relevando que “prevenir la corrupción debe ser una tarea compartida por los diversos sectores de la sociedad”, al tiempo de comprometer la cooperación y la asistencia técnica de Naciones Unidas para lograrlo. Asimismo, reconoció el liderazgo del Perú en la adopción de la Declaración Política contra la Corrupción en la Sesión Especial de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2021.
La reunión también contó con la participación de representantes de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú, Marina Mejía; del Concilio Nacional Evangélico del Perú, Eduardo Concha; de la Cámara de Comercio de Lima, Hernán Lanzara; del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar; del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rolando Ruiz Rosas; de Servir, Janeyri Boyer; y de la Oficina para la Droga y el Delito de Naciones Unidas, Antonio de Leo.
