ERP. El contralor general Nelson Shack informó que entre los años 2016 y 2020, la Contraloría General emitió 640 informes de control producto de la supervisión a nueve organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores de servicios públicos, en los que se identificó a 231 funcionarios y servidores públicos con indicios de responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Así lo informó ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República, a la que fue invitado para exponer sobre los hallazgos o informes de control emitidos por la Contraloría General en los últimos cinco años, respecto a los organismos reguladores, supervisores, de vigilancia, de control y de sanción, que contribuirá a la investigación que realiza el grupo de trabajo parlamentario.
Se trata de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN). También comprende los informes de control referidos a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la Superintendencia de Transporte Terrestre de personas, carga y mercaderías (SUTRAN) y la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID).
El contralor general expuso los principales resultados del control ejecutado en el periodo 2016-2020 y manifestó que hará llegar a la comisión parlamentaria los archivos digitales de los 640 informes de control.
Durante su exposición, Shack manifestó que la labor de la Contraloría estuvo relacionada esencialmente a temas de contratación de bienes y servicios, pero que ahora ha desplegado una estrategia de control que se inició en setiembre para verificar el desempeño de los organismos reguladores, supervisores y fiscalizadores de los servicios públicos.
Esta estrategia responde a las múltiples denuncias de la ciudadanía respecto a problemas con diversos servicios públicos, como controversias por aparentes excesivas facturaciones de agua y luz, problemas con entidades financieras, entre otras, que acontecieron durante la emergencia sanitaria COVID-19.
En total, hasta diciembre la Contraloría realizará 64 servicios de control a 17 organismos, que además de los mencionados, incluye a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR).
