ERP. El Congreso de la República decidió interpelar al Ministro de Justicia por el caso de Odebrecht y sus competencias se encuetran limitadas. Para el coordinador del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso Lava Jato, Rafael Vela, esta actuación causa preocupación la posibilidad de que una eventual injerencia política afecte el acuerdo de colaboración eficaz.
Fue al comentar la decisión del Parlamento de interpelar al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que explique la suscripción del citado acuerdo, mediante el cual la constructora brasileña se compromete a entregar información sobre los hechos de corrupción que cometió en Perú y a pagar una reparación civil.
Los fiscales del caso vienen soportando una fuerte oposición para el cumplimiento de sus labores y esta iniciativa del Congreso es la última que deberán enfrentar indirectamente, considerando que el interpelado pertenece al Poder Ejecutivo y la mayor parte de las decisiones se encuetran en el ámbito jurisdiccional.
“No quisiera hacer comentario político, pero, sin embargo, sí la posibilidad de injerencia política que busque mas bien menoscabar este tipo de garantía de autonomía e independencia es lo que nos debe llevar a una preocupación (…)”, manifestó en declaraciones a La República.
Vela subrayó que la interpelación es una medida de carácter político aprobada por el Parlamento dentro de sus facultades, no obstante, subrayó que ella está desvinculada del ámbito jurídico y técnico en el cual se negoció y suscribió el acuerdo con Odebrecht.
Recordó, en ese sentido, que, desde el punto de vista técnico, los procesos de colaboración eficaz son autónomos y los actores autorizados para intervenir en ellos de forma autónoma son el Ministerio Público, el procurador público en representación del Estado, y el propio aspirante a colaborador eficaz.
El fiscal Vela recalcó que estos actores intervienen en la negociación y en la firma de los acuerdos de colaboración eficaz de forma autónoma y sin intervención de personajes políticos.
Asimismo, explicó que, luego de llegar a un acuerdo satisfactorio, el documento de colaboración es sometido a control de legalidad por un juez, el cual debe ser independiente y no estar sometido al poder político.
“(…) el juez que debe realizar el control de legalidad debe responder estrictamente a un criterio de imparcialidad”, comentó.
