ERP. Al cometer dos infracciones que originaron muerte de obrera. La municipalidad provincial de Sullana estaría obligada en cancelar una multa de 327mil 850soles por orden de la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo de Sullana, al haber incurrido en supuestas infracciones laborales de la trabajadora de limpieza Baziliza Concha Granda (45), se informó.
La medida económica que perjudicaría las arcas ediles se da luego que el personal de esa institución, ligada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, culminaran la investigación tras la muerte de la madre de familia, quien falleció tras haber ser embestida por un auto cuando trabajaba.
“Después de hacer el trámite de procedimiento sancionador, se aplicó la resolución que sanciona a la municipalidad por infringir normas respecto a seguridad y salud en el trabajo. Se determinó que la municipalidad no le brindó la capacitación necesaria, y no le otorgó los equipos de protección personal a la trabajadora”, señaló el jefe de la Zona de Trabajo Sullana, Dr. Juan Lama López.
Una multa de S/. 11mil 850 es porque la obrera fallecida no había recibido una capacitación laboral en ese momento, mientras que la multa de S/. 316mil es porque la municipalidad de Sullana no le había dotado implementos de seguridad a la víctima para el ejercicio de su trabajo.
Pese a que el pasado 3 de enero se promulgó la Resolución Zonal N°003-2017-GRP-DRTPE-ZTPES, es el personal del área Legal de la comuna sullanera quien deberá apelar a la medida sancionadora que en primera instancia les está imponiendo la Zona de Trabajo y Promoción del Empleo Sullana.
Debes saber
Las infracciones que cometió el municipio chirense se encuentran tipificadas en los numerales 27.8 y 28.10 de los artículos 27 y 3 según el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo.
Tres niños fruto de su convivencia con Wilmer Rufino dejó en la orfandad Baziliza Concha, quien falleció el 3 de agosto luego de ser embestida por un sujeto que conducía un automóvil.
El pago de la multa es abonado a las arcas de la Dirección Regional de Trabajo, y no a los deudos, los cuales deberán iniciar acciones judiciales para que se les asigne un pago de reparación civil.
