ERP. La Ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados entrará en vigencia este martes y por ende, las instituciones públicas se encontrarán prohibidas de realizar contratos y gastos para difundir sus actividades. Se planteó a iniciativa de Mauricio Mulder del Partido Aprista Peruano y contó con el respaldo total de los congresistas de Fuerza Popular, en una alianza que es común en el Congreso de la República.
La Ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano lleva el número 30793 y señala que la infracción al precepto señalado será considerado delito de malversación. Evidentemente no son las medidas de austeridad que limitarían contratar con medios privados, se nota que el interés particular de los congresistas apristas y fujimoristas, es sancionar de una manera vedada a los medios por contenidos impertinentes.
A través del tiempo y en el presente, la relación Poder=Medios no es nueva, en ella se expresan filias y odios, resentimientos y subjetividades que muchas veces buscan agradar y otras disentir. Un medio inclinado a favor del gobierno, recibía cuantiosas financiaciones vía publicidad, en tanto que otro que sea contrario en contenidos contra funcionarios estatales era “castigado” retirándole o negándole la misma.
¿Había necesidad de prohibir la publicidad estatal en los medios privados?. Sin duda, que solo el abuso de poder y la inexistencia de normas claras justificaban una prohibición de esta naturaleza. La difusión de informaciones y contenidos desde el Estado, son necesarios para dar a conocer no solo las políticas del Estado, sino dar a conocer lo que hacen en el territorio nacional.
Los medios de comunicación privados, gozan de una mayor sintonía o lectoría que los medios públicos, son vistos o leídos por mucha más personas que las que podría tener los públicos y las muestras son evidentes. Si comparamos un medio como Frecuencia Latina con el Canal del Estado o si comparamos el Diario El Comercio con el Diario El Peruano, la conclusión es obvia y no necesita mayor explicación.
Sin embargo, una cosa son medios privados nacionales y otra los medios regionales privados. Las inversiones del Estado han sido sustantivas y han constituido un apalancamiento para estas empresas, en tanto que en provincias la situación era más discrecional. La norma trata a todos por igual y es válido para empresas grandes como a la más pequeña que pueda existir en el territorio nacional. Para unos causa un impacto negativo directo, para otros medios y que son la mayor cantidad, es intrascendente.
La Ley, publicada en el diario oficial, contempla excepciones en casos de desastres o emergencias nacionales declarados por decreto de urgencia y las campañas de educación electoral por parte de los entes electorales una vez convocadas las elecciones.
En esos casos, queda prohibido consignar nombres o imágenes que identifiquen a alguna autoridad, funcionario o servidor público; acordar precios superiores a las tarifas comerciales del medio; contratar con medios que no cuenten con inscripción en el Registro Nacional de Proveedores o que mantengan deudas tributarias exigibles en cobranza coactiva.
Las entidades públicas y empresas del Estado podrán publicitar sus tareas de gestión únicamente en los medios de comunicación estatales a tarifa de costo. Lo mismo pueden hacer usando las redes sociales como Facebook, Twitter y otras que puedan existir y que obliga a la suscripción de las mismas.
En un país urgido por otros problemas más significativos, el Congreso de la República decide dar una norma que regula aspectos menores.
Sin duda si miramos la realidad publicitaria el medio que recibió un porcentaje mayor fue Radio Programas del Perú, el cual tiene un tratamiento diferencial en sus contenidos y más se inclina por informaciones, notas interpretativas y de opinión. Siempre ha sido un medio complaciente con el Estado. El otro grupo que tuvo una buena captación de publicidad es América Televisión.
La ley publicada este lunes, lleva las firmas de Luis Galarreta y Mario Mantilla, congresistas de Fuerza Popular que, respectivamente, ocupan el cargo de presidente y primer vicepresidente del Congreso de la República. Es un hecho consumado, que más parece una venganza contra los grandes medios de comunicación, que una regulación seria y necesaria del Estado.
