Pariñas/Talara (ERP). Conversa. En diálogo con El Regional de Piura – Prensa Digital Talara, el subgerente de Fiscalización y Policía Municipal Juan La Torraca Capuñay que el cumplimiento de las normas y ordenanzas municipales no debe suponer o presumir delito de abuso de autoridad.
En ese aspecto, precisó que si una ordenanza ha sido aprobada y publicada en los medios regionales, cuando se multa o se cierra un negocio no se está incurriendo en abuso de autoridad porque hay un documento con rango de ley que respalda el acto. “Lamentablemente, lo que suele ocurrir es que cuando se hace cumplir las ordenanzas que son las leyes de la ciudad, los contribuyentes, que les gusta el desorden, se sienten vulnerados. Las ordenanzas municipales se aprueban y se publican para que las cumplan todos sin excepción”, advirtió.
La Torraca Capuñay también explicó que cuando una ordenanza se aprueba y publica se da un tiempo prudencial para que los contribuyentes y los ciudadanos en general se adapten y se informen sobre la nueva norma.
Resaltó que la Subgerencia de Fiscalización y Policía Municipal es la encargada de conducir el proceso de control y fiscalización de las normas municipales y del cumplimiento de las disposiciones municipales a través del cuerpo de la Policía Municipal, que es la encargada de ejecutar el proceso sancionador de manera oportuna y eficiente.
Para finalizar, y tras remarcar que una de sus limitaciones es la falta de recurso humano, el funcionario municipal, acotó que dentro de sus funciones está fiscalizar, notificar el incumplimiento de las normas municipales y efectuar el seguimiento correspondiente conforme a la normatividad aplicable, en materia de funcionamiento de establecimientos comerciales, mercados, industriales y profesionales, publicidad exterior (anuncios), pesas y medidas, comercio informal y ambulatorio, espectáculos públicos no deportivos, obras privadas y control urbano,
A tener en cuenta
La subgerencia de Fiscalización tiene la autoridad para clausurar establecimientos comerciales que no cumplan con las disposiciones municipales vigentes, condiciones mínimas de seguridad en materia de defensa civil, salubridad o que desarrollen actividades prohibidas legalmente. Traslada a la ejecutoría coactiva las resoluciones de sanción, dentro de los plazos establecidos para la ejecución de las mismas.
