ERP. Un grupo de docentes, con derecho a nombramiento de acuerdo a Ley aprobada por el Congreso de la República y en actual vigencia, denunciaron a través de este medio, presuntas irregularidades que vendrían cometiendo autoridades de la Universidad Nacional de Piura, cuestionando que no vienen aplicando la norma de acuerdo a como corresponde y al contrario su actuación es seriamente cuestionable.
Indican que a pesar de contar con una Ley clara y vigente que ampara EL NOMBRAMIENTO EXCEPCIONAL DE DOCENTES CONTRATADOS EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS, la Universidad Nacional de Piura (UNP) se encuentra en el centro de una controversia legal y ética por la presunta manipulación de actas; desobediencia a una resolución universitaria y omisión de funciones de sus máximas autoridades.
Alegan que se trata de la Ley N.º 32171, publicada el 21 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial El Peruano, que autoriza de manera excepcional el nombramiento como docentes ordinarios (Auxiliares o Asociados) de aquellos profesionales que, al momento de su entrada en vigencia, cumplan con tres requisitos clave:
1.- EXPERIENCIA PROFESIONAL O DOCENTE NO MENOR DE CINCO AÑOS,
2.- VÍNCULO LABORAL VIGENTE HASTA EL SEMESTRE 2023-II, Y,
3.- HABER GANADO UNA PLAZA MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO.
Los docentes con derecho a nombramiento y que se encuentran disconformes con lo aactuado por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Piura, considera que "Esta norma prohíbe expresamente cualquier otro requerimiento adicional".
Nos detallan que pese a ello, la Universidad Nacional de Piura no ha ejecutado el nombramiento de los docentes evaluados y declarados aptos, según consta en la Resolución del Consejo Universitario N.º 787-CU-2024, publicada el 20 de diciembre de 2024. El Acta Oficial de Aptos fue firmada por una comisión integrada por los funcionarios Leopoldo Jesús García Vega, Ernesto Quezada Poicón, la asesora legal Evelyn Maybeline Adrianzén Palacios, y observada por Margarita Herminia Távara Alvarado, Francisco Javier Cruz Vílchez y Ermison Cornejo Juárez.
Consideran que durante la gestión del entonces rector Dr. Enrique Cáceres Florián, se incumplió con el cronograma oficial de nombramiento, pese a reiteradas promesas públicas de realizar la ceremonia correspondiente. Lejos de concretarse, el proceso fue postergado indefinidamente, afectando a los docentes calificados como APTOS.
Agregan que el 10 de abril, mediante Oficio Múltiple N°00039-2025-MINEDU/VMGP-DIGESU, solictan a todas las universidades, la información de los recursos necesarios para la implementación de la Ley, dando plazo máximo hasta el 15 de mayo.
Denuncian que por su parte, el rector Cáceres, no envió la documentación y la situación se agravó cuando solicitó licencia para postular nuevamente al cargo. El 13 de mayo de 2025, se encargó el Rectorado de manera interina al Dr. Wilson Sancarranco Córdova, quien ha manifestado públicamente su desacuerdo con la Ley N° 32171.
Asimismo, indican que el 14 de mayo, en una reunión con el ingeniero Ricardo Agreda Palomino, el rector encargado aseguró haber enviado la información correspondiente. Detallan que el día 20 de mayo, recibimos información de Lima, que la UNP no había cumplido con enviar la información, que teniamos que conseguir el código SINAD para verificarlo. Nos acercarnos a rectorado, nos indicaron que lo habían enviado la lista pero correo y no tenían el código solicitado.
Para dar cuenta de esta acciones realizadas, alegan que ese mismo día, sin sustento legal, se emitieron tres listas distintas de docentes APTOS, excluyendo a docentes QUE CUMPLEN CON LA LEY, ALTERANDO EL ACTA ORIGINAL y justificando los cambios con una opinión del director Juan Antonio Bazán Chávez, lo que constituye una usurpación de funciones legislativas.
Se debe tener en cuenta que la Ley no admite confusiones y al contrario, es bastante clara y precisa que “Ninguna opinión ni interpretación puede prevalecer sobre lo dispuesto en una norma con rango legal.”
Consideran que aún más alarmante es conocer lo que se ha realizado, nos informan que seha conocido que la Jefa de Planeamiento y Presupuesto, Viviana Bustamante Palomino, viajó a Lima el 22 de mayo portando UNA CUARTA LISTA, distinta de las anteriores, lo que evidencia una desconcertante manipulación documental y administrativa que podría tener tintes políticos.
La Comunidad Académica de los Docentes Afectados hace la Denuncia Pública de esta situación como un Atropello a la Legalidad y a los Derechos Laborales. Según fuentes internas, existiría un grupo de poder que pretende frenar el nombramiento de más de 30 docentes que cumplieron con todos los requisitos de Ley, con una aparente intención política.
Cabe recordar que el Artículo 2 de la Ley N° 32171 prohíbe expresamente que "… se impongan exigencias adicionales a las establecidas en la norma, y establece como requisito suficiente la evaluación técnica de una comisión universitaria", que ya se ha cumplido en dicho caso.
Los denunciantes precisan que esta alarmante cadena de irregularidades no solo VULNERA DERECHOS ADQUIRIDOS, sino que configura una posible INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA Y PENAL por parte de las autoridades involucradas, además de un flagrante DESACATO A UNA LEY NACIONAL.
Los docentes con derecho a nombramiento y que critican las actuaciones de los funcionarios de la Universidad Nacional de Piura, indican que se espera que las instancias competentes como la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, el Congreso de la República y el Ministerio Público, tomen cartas en el asunto, exijan la transparencia en el cumplimiento de la Ley y garanticen como debe ser los derechos de los docentes, los cuales no pueden seguir siendo postergados.
Finalmente se preguntan ¿Quienes están detras de estos cambios irregulares?. Igualmente ¿Qué intereses impiden que se cumpla con el nombramiento legítimo de más de 30 docentes retirados del acta de aptos para nombramiento?. Esperan respuestas y soluciones.
