ERP. La fiscal provincial Rocío Angélica Vences Gonzales, de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de Piura, obtuvo la condena de Víctor Eduardo Gálvez Gálvez (ciudadano ecuatoriano) y José Samuel Fernández Chapoñan por el delito de lavado de activos. Gálvez ha sido sentenciado a 26 años de pena privativa de libertad, mientras que Fernández recibirá 24 años.
Durante el juicio, demostró que Gálvez solicitó a Chapoñan el transporte de dinero en efectivo, específicamente 190 000 euros, desde Lima a Tumbes. El dinero fue ocultado en una caja de un teléfono celular, dentro de un par de zapatillas nuevas y en el bolsillo delantero de una mochila.
El hallazgo del dinero tuvo lugar el 28 de mayo de 2017, cuando personal de la DEPOTAD PNP de Piura detuvo a Fernández en un bus de la empresa Turismo Civa SAC, que cubre la ruta Lima-Aguas Verdes (Tumbes).
La Fiscalía también presentó pruebas que revelaron que el 25% de los billetes incautados contenía rastros de cocaína, lo que evidenció su origen ilícito vinculado al tráfico de drogas.
Entre los elementos probatorios del delito se incluyeron el acta de intervención policial; el deslacrado y la lectura de la memoria del teléfono celular de Fernández, donde se encontraban conversaciones que coordinaban sus actividades delictivas; así como sus movimientos migratorios, que mostraron viajes frecuentes entre Perú y Ecuador.
Además, se presentó información sobre un caso previo de Gálvez en Ecuador, donde en 2020 fue detenido en Aguas Verdes con un millón de dólares, también con rastros de cocaína.
El juzgado dispuso, también, el pago de una multa de 10 000 y 2 998 soles para Gálvez y Fernández, respectivamente; el pago de manera solidaria de una reparación civil de 100 000 soles; la expulsión del país del primero al finalizar su condena y el decomiso definitivo del dinero incautado, cuyo monto será reportado por Feccor Piura al Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
Esta condena subraya el compromiso de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad organizada y el lavado de activos, protegiendo así a la sociedad de estos delitos que afectan la seguridad y la integridad del país.
