ERP/Tumbes. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios viene investigando presuntos pagos irregulares que representan un desfalco que supera el millón 800 mil nuevos soles en agravio del Gobierno Regional de Tumbes (GRT) perpetrado por el prófugo exgobernador regional Gerardo viñas Dioses, sus exfuncionarios, así como empleados del Banco de la Nación con sede en esta región, y otros allegados a esta cuestionada gestión.
Esta investigación está a cargo del fiscal Erick Sánchez Briceño desde el mes de julio, y fue declarada compleja por un plazo de ocho meses. Asimismo se vienen recabando las declaraciones de los más de 60 investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de peculado y malversación de fondos en agravio del gobierno regional de Tumbes.
Según se informó, se investiga el pago a través de este banco de 709,131.50 nuevos soles efectuado a supuestos proveedores que manifiestan no haber laborado para el GRT y que no han recibido dichos importes pero que fueron reclutados por servidores de la entidad para que entreguen sus comprobantes de pago a cambio de una retribución económica. Esto sucedió entre los años 2011 al 2014 y cuyos pagos se hicieron bajo recursos del canon y sobrecanon y recursos ordinarios.
Además, se pagaron por proyectos de inversión pública la suma de 397, 547 nuevos soles, así como 44, 110 soles por actividades, 112,700 por personal contratado y 154,744.50 por el rubro “otros”. Por si esto fuera poco, se canceló a falsos proveedores 641,666 soles por servicios externos como mantenimiento de equipos, alquiler de vehículos, confección de gigantografías entre otros.
En ambos casos se encuentran involucrados los exfuncionarios, Carlos Loayza Cabrera, Juan García Dioses (jefe de la oficina de Comunicación) y Franklin Luna Navarro, José Vásquez, así como los trabajadores del GRT, Edinson Rafael Cruz Clavijo (asistente de Tesorería), Davis Romero Roncín, Jesús Gonzales Rentería, Carlos Izquierdo morán, Carlos Alberto Morán y Guillermo Torres Infante.
Asimismo son investigados los supuestos proveedores identificados como Daniel Añazco Sandoval, Jorge Izquierdo Córdova, Guillermo Cabrera Moreti y José Emilio Espinoza Mogollón, además de Oscar cruz Clavijo, Jhon Ipanaqué Ancajima, Marco La Chira La Torre, José Luis Porras Ortiz y Jessy James Ruiz García, Braulio Bances Rodríguez, José Luis Carrillo, Manuel Ángel Jiménez Peña, Carlos Morán García, Pardo Valladolid, Edgar Romero García, Pedro Sunción, entre otros.
En esta misma investigación también está comprendido el proyecto de Mejoramiento de la carretera Zarumilla-El Bendito, donde se pagó con cheques de manera irregular 524,400 soles, y en el que están comprometidos Gerardo Viñas Dioses, y sus exfuncionarios Gerardo García Galecio, Mario Nelson Campeán Hererra, Frank Lozada Preciado, Franklin Luna Navarro, Jorge Luis Peralta López, Jackeline Cornejo Hidalgo, Manuel Saavedra Guzmán, Cesar Luis Ruiz Rivera, Hugo Lama Melgar; además de Percy Zapata Apolo, Julio Ocampo Prado, Rolin Reynaldo Flores Veintimilla, Carlos Loayza Cabrera, Jorge Pardo Valladolid.
Pericias
Cabe mencionar que el fiscal, Erick Sánchez Briceño, ha solicitado una pericia valorativa y contable a fin de determinar la magnitud de este perjuicio económico en agravio de la entidad estatal. Asimismo, se informó que se solicitará la conducción compulsiva de quienes no concurran a declarar de manera injustificada.
“En este tiempo que se creó la fiscalía especializada en delitos de corrupción se ha demostrado el trabajo que se viene realizando. Hay que tener en cuenta que tanto el expresidente regional Gerardo Viñas como toda su cúpula, ya se encuentra con orden de prisión preventiva y captura a nivel nacional, consentida en segunda instancia”, señaló el representante del Ministerio Público.
Sánchez Briceño, añadió que, “este caso ha sido declarado complejo y aún nos encontramos dentro de los plazos fijados por la ley, sin embargo hay autoridades que en vez de apoyarnos nos perjudican yendo contra el principio de reserva de la investigación y entorpeciendo el éxito de la misma con la vulneración de la reserva de la investigación que puede conllevar a que se oculten documentos o las personas involucradas. De esta forma se pierde eficiencia en las medidas coercitivas como la solicitud de prisión preventiva, comparecencia, embargo de bienes, lo cual perjudica los fines del proceso, y se viola el artículo 324 del código penal que especifica que toda investigación es reservada y secreta”, acotó.
