ERP. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un requerimiento ante la Corte Suprema para que se declare ilegal y se anule la inscripción del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, con lo que quedaría excluido de participar en las elecciones generales de 2026.

ERP. La Contraloría General reveló que el Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel) pagó una indemnización de US$ 10 028 467 a una empresa privada tras perder un proceso arbitral internacional. Seis funcionarios y servidores de la entidad afrontan presunta responsabilidad civil por el perjuicio económico causado al Estado.

ERP. El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santivañez, aseguraron de manera enfática en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso que no presentarán su renuncia tras la difusión de audios comprometedores.

ERP. La presidenta de la República, Dina Boluarte, solicitó permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos del 21 al 25 de septiembre con el fin de participar en la Semana de Alto Nivel del 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrollará en Nueva York.

ERP. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) inaugura el Observatorio del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, una herramienta de gestión que no solo marca un hito tecnológico, sino que también tiene un fuerte impacto social, al poner al alcance de comunidades, autoridades y ciudadanía información clave para la conservación de los bosques y la fauna silvestre.

ERP. En el marco de la IV Jornada Preparatoria del Congreso Anual de Derecho Registral (CADER 2025), la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) presentó los avances en el último año de la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) en sus procesos registrales.

ERP. La Sala Penal presidida por José Neyra Flores e integrada por los vocales supremos provisionales Iván Guerrero López y Norma Carbajal Chávez, sorprendieron a las partes litigantes al realizar una desvinculación procesal considerando que José Pedro Castillo Terrones y sus acusados, habrían cometido el delito de conspiración para cometer delito de rebelión, que técnicamente es la mitad de cárcel del principal.

ERP. La política peruana ha sufrido un grave deterioro con la irrupción de personajes que, en lugar de aportar al debate democrático, destilan odio e ira en sus expresiones. Tal es el caso de Rafael López Aliaga, quien en un mensaje cargado de violencia expresó: “Cargárselo de una vez...” en referencia al periodista de investigación Gustavo Gorriti. La respuesta no se hizo esperar: el propio Gorriti advirtió que esas frases constituyen una incitación al asesinato y añadió que no espera ninguna acción del Gobierno frente a esta amenaza. 

ERP. La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves el informe final que propone archivar la Denuncia Constitucional 509, presentada contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes registradas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023. La decisión se adoptó con 12 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención.

ERP. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó la conformación de 14 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) para la organización y ejecución de las Elecciones Primarias (EP) 2025, mediante la Resolución Jefatural n.° 000141-2025-JN/ONPE, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

ERP. La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó el pedido de suspensión preventiva en su contra por seis meses planteado por la integrante de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), María Teresa Cabrera, y recordó que el Tribunal Constitucional (TC) ya estableció que el proceso inmediato disciplinario carece de validez constitucional.

ERP. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y con pleno conocimiento de la realidad peruana dispuso la ampliación de las medidas provisionales y de la supervisión de cumplimiento de sentencia, ante los graves riesgos de que criminales de la década de 1990 se vean beneficiados por normas aprobadas por el Congreso con el consentimiento del Poder Ejecutivo.