ERP. Ante la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación inmediata de Alberto Fujimori, condenado por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución adoptando medidas urgentes, requiriendo al Estado peruano no ejecutar dicho fallo hasta determinar si cumple con las condiciones que estableció en abril del 2022.
La Corte IDH tomó la decisión para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, que fueron ejecutados por el Destacamento del Ejército Colina, y por los cuales el expresidente fue condenado como autor mediato.
En un documento de cuatro páginas, que ya ha sido notificado al Estado, requiere que "se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional del Perú de 4 de diciembre de 2023, en donde se ordenó la 'inmediata libertad' de Alberto Fujimori Fujimori, hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la Resolución de la Corte de 7 de abril de 2022".
Precisamente, en abril del año pasado, la Corte IDH emitió una resolución de medidas provisionales y supervisión de cumplimiento, remarcando que los casos Barrios Altos y La Cantuta constituyen graves violaciones a derechos humanos y que constató que el TC no evaluó la compatibilidad del indulto humanitario a Fujimori con los estándares para ella ya emitidos en una resolución anterior, de mayo de 2018. Y por ello le comunica al Estado que debe abstenerse de implementarlo "en cumplimiento de sus obligaciones convencionales.
Asimismo, le recuerda al Estado peruano que las sentencias que emitió la Corte IDH le ordenó que "cumpla con su obligación de investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones a derechos humanos" en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La resolución de la Corte IDH fue tomada en respuesta ante un pedido de los familiares de Barrios Altos y La Cantuta, representados por la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que informaron sobre la decisión del TC en abierto desacato a la instancia supranacional.
