Consulta se encuentra prevista para el 9 de noviembre
ERP. La Generalitat ha pedido a los directores de los institutos catalanes que recluten a «voluntarios» de entre los profesores, padres, personal no docente o ellos mismos con el fin de organizar las mesas de la consulta soberanista alternativa que se celebrará el próximo 9 de noviembre. El objetivo es crear equipos de tres voluntarios por centro educativo y que uno de ellos ejerza de «interlocutor». A él deberá entregarle el director las llaves del instituto para que lo abra y lo cierre durante la llamada «jornada de participación ciudadana», que cae en domingo.
La Alta Inspección del Estado estudia los mecanismos para dar «la respuesta legal adecuada». La Generalitat dijo que no iba a implicar a los funcionarios -los directores de institutos lo son- en la organización de su consulta para no ponerles en riesgo.
El pasado jueves, representantes de los servicios territoriales del Departamento de Enseñanza reunieron a los directores de los institutos catalanes para pedirles ayuda en la organización del 9-N. Los encuentros se convocaron por email el día anterior. En un correo electrónico al que ha tenido acceso EL MUNDO, se dice que la reunión es para «hablar de la jornada de participación ciudadana, de la que algunos institutos serán sede». Y se insta a no faltar: «En caso de no poder asistir, es importante que lo comuniquéis telefónicamente».
Fuentes presentes en uno de los encuentros explican que, durante la reunión, una responsable de la Generalitat explicó «que la jornada de participación ciudadana» -la solución de última hora que ha ideado Artur Mas como alternativa a la consulta- se iba a celebrar «en todos los institutos».
Añadió «que se necesitaban voluntarios y que los directores preguntaran a profesores, padres y personal no docente si querían serlo porque había que formar un equipo de tres personas por centro».
La misión de estos tres voluntarios era «colaborar» tanto la víspera del sucedáneo de consulta, el sábado 8 de noviembre, entre las 8.00 y las 20.00 horas, como el mismo domingo 9-N, entre las 7.00 y las 00.00 horas, «sin retribución ni compensación horaria», según las mismas fuentes.
La Generalitat quería que en cada uno de los equipos hubiera un «interlocutor» que tratara con los organizadores de la consulta y se encargara de supervisar lo relacionado con la red eléctrica, el servidor informático y el equipamiento, en general, de los institutos.
Además, la alto cargo del Govern dijo que «el director ha de dar al interlocutor las llaves del centro para abrirlo y cerrarlo». Uno de los directores preguntó:
- ¿Estas instrucciones nos las vais a dar por escrito?
- No hace falta, porque os lo digo ahora -respondió ella.
- ¿Incurrimos en alguna responsabilidad [delictiva] si hacemos esto?
- No, porque la Generalitat es titular de los espacios educativos.
- Sí, pero el que tiene las llaves es el director. Si hay que dárselas a otro, tiene que haber una orden por escrito porque, si no, estamos actuando por nuestra cuenta.
Y la representante de la Generalitat se comprometió a regañadientes a estudiar este asunto y darles una respuesta.
Las mismas fuentes explicaron que la mayoría de los directores presentes en el encuentro se mostró a favor de las instrucciones de la Generalitat, pero unos cuantos no lo veían claro.
- ¿Todo esto es voluntario o obligatorio? -preguntó uno.
- Todo es voluntario -respondió la representante del Departamento de Enseñanza.
«Nos dijo que era voluntario, aunque era pertinente hacerlo y que, en cualquier caso, si alguien se postula como voluntario hay que informar», explica a este diario un director. «Me sentí presionado e incómodo, porque un superior tuyo te está pidiendo algo y tú tienes que decir que no y tienes miedo a significarte. Si te niegas, quedas señalado y no sabes qué consecuencias puede tener esto para la Administración. ¿Cómo le dices que no a la Generalitat?».
Además, algunos directores tienen miedo de incurrir en un delito de desobediencia si colaboran con la organización de la consulta, más aún si su participación es voluntaria y no tienen una orden escrita de sus superiores. No en vano, la delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, envió la semana pasada una carta a los funcionarios en la que les decía que tenían prohibido «adoptar o ejecutar cualquier acto» relacionado con el 9-N.
En la Generalitat han insistido durante los últimos días que no querían «poner en riesgo a nadie» y «a nadie se le va a pedir que infrinja la ley», refiriéndose a los funcionarios.
«Los directores de instituto son funcionarios de cuerpos estatales, dependen orgánicamente de la Generalitat pero, al igual que ocurre con los jueces, los inspectores de trabajo o los secretarios de ayuntamiento, el ingreso en este cuerpo lo determina el Estado y los nombramientos salen en el BOE», recuerdan fuentes educativas. Las mismas fuentes recalcan el hecho de que la petición de la Generalitat sólo haya ido dirigida a los institutos y no a los colegios, ya que estos centros no dependen del Govern, sino de los ayuntamientos.
El asunto está ya en manos de la Alta Inspección del Estado, el organismo que vela por el cumplimiento de las facultades atribuidas al Gobierno en materia de enseñanza. Fuentes del Ministerio de Educación explicaron ayer que la Alta Inspección «está estudiando» los mecanismos que tiene a su alcance para dar «la respuesta legal adecuada a este problema».
