ERP. El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana, a cargo del fiscal provincial Luis Antonio Ramos Rioja, consiguió hoy que un acusado de pagar ilícitamente S/ 210 mil al exalcalde provincial Rogelio Trelles Saavedra, confiese su responsabilidad penal y sea sentenciado por el Poder Judicial a través de la figura de conclusión anticipada.
Se trata del empresario Pedro Enrique Ramos Herrera, quien fue condenado a tres años siete meses de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 10 mil; tras aceptar ser quien sobornó y grabó tal ofrecimiento en un video que registró las tratativas para que su empresa constructora J&M sea favorecida para ejecutar una obra en el Centro de Salud Talara II, distrito de Pariñas, valorizada en S/ 2 537 163.
El sentenciado Pedro Herrera manifestó que grabó el video al sentirse engañado por los coimputados.
La sentencia por el delito de cohecho activo genérico fue obtenida por el fiscal adjunto provincial Harold Ernesto Martínez Requena en audiencia virtual de inicio del juicio oral de uno de los casos emblemáticos en la provincia de Talara, denominado ‘Video Trelles’.
Los demás acusados
En la audiencia se escuchó también los alegatos de defensa de los acusados Rogelio Ralvis Trelles Saavedra, como autor del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio; así como de las abogadas que habrían participado como intermediarias del pago ilícito, Margarita Litano Colzani y Maggieliz Joany Zavala Litano, ambas como cómplices primarias del delito cohecho pasivo propio.
Esta es la primera condena que se consigue en el caso y deja casi todo definido respecto a los demás acusados. La audiencia continuará el 26 de octubre próximo y se espera que, de acuerdo a la acusación fiscal, el exalcalde Trelles Saavedra sea condenado a cinco años y ocho meses de pena privativa de la libertad y a la inhabilitación para ejercer cargo público por el mismo periodo.
El hecho, ocurrido en abril de 2012, y cuyo video incriminatorio fue difundido por un medio de comunicación de alcance nacional viene siendo corroborado en forma categórica y coherente por el Ministerio Público ante la jueza de investigación preparatoria, Jesica Medina.
