ERP. Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad ciudadana y combatir a las organizaciones criminales, el Gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en los establecimientos penitenciarios de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro y Ancón I (Lima), y Trujillo Varones (La Libertad).
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y comprende el perímetro exterior de los penales hasta un radio de 200 metros. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.
En el área declarada en emergencia se dispone la suspensión constitucional de los derechos relativos a la libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal, conforme a lo establecido en la norma.
Mayor control en el perímetro de los penales
La PNP, con respaldo de las Fuerzas Armadas, ejecutará acciones destinadas a garantizar la seguridad del perímetro exterior, así como el control del espacio aéreo y del espectro electromagnético inmediato de los establecimientos penitenciarios.
Las operaciones incluirán un control estricto de los accesos y acciones de inteligencia orientadas a prevenir posibles fugas y enfrentar las actividades vinculadas al crimen organizado.
Asimismo, se desarrollarán operativos permanentes para decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM y armas, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
El INPE continuará a cargo de la administración y custodia interna de los establecimientos penitenciarios.
Gobierno apunta a organizaciones criminales
Según el Ejecutivo, los cinco penales focalizados concentran aproximadamente el 50 % de los internos vinculados a organizaciones criminales, por lo que la intervención busca impedir que estas estructuras continúen dirigiendo actividades delictivas desde las cárceles hacia el exterior.
“Independientemente de la espera de la aprobación de la solicitud de facultades, el Gobierno nacional, a través de sus diversos sectores, impulsa medidas contra la inseguridad. Estamos seguros de que con las facultades actuaremos con más fuerza”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
La norma precisa que, durante el estado de emergencia, se mantiene el respeto irrestricto de los derechos a la vida, integridad personal, salud, defensa y debido proceso, de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Reunión en Palacio de Gobierno
La decisión se produce luego de una reunión sostenida en Palacio de Gobierno entre la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el jefe del Gabinete, Luis Galarreta; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro tuvo como finalidad coordinar las acciones inmediatas para fortalecer el sistema penitenciario y establecer las principales directrices de la nueva gestión del INPE, entre ellas las medidas contempladas en el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM.
El Ejecutivo sostiene que estas acciones buscan recuperar el control de los establecimientos penitenciarios, desarticular las redes de criminalidad organizada y contribuir a mejorar la seguridad de la población.
Diario El Regional de Piura
