ERP. La Contraloría General identificó un perjuicio económico de más de S/ 5 millones por sobrevaloración de precios en los trabajos de defensas ribereñas del río Piura tramo II, entre el puente Cáceres y el futuro puente Integración, cuya finalidad es proteger a las poblaciones de las ciudades de Piura y Castilla de una nueva inundación, como la ocurrida hace cuatro años. También se hallaron otras irregularidades que involucran a un total de 23 funcionarios y exfuncionarios de la anterior y actual gestión del Gobierno Regional de Piura.
Como parte de las intervenciones del Megaoperativo de Control en la región Piura, se emitió el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 13799-2021-CG/GRPI-AC, que fue comunicado al gobernador regional para que evalúe las recomendaciones formuladas, como disponer el deslinde de responsabilidad administrativa de funcionarios y exfuncionarios. Además, de verificar el cumplimiento efectivo de la ejecución de la obra.
Cabe precisar que, de los 23 funcionarios y exfuncionarios con presunta responsabilidad administrativa, 17 también tendrían responsabilidad penal y 5 responsabilidad civil. El informe se ha puesto en conocimiento de la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales.
Incremento de costos y perjuicio
En la auditoría se identificaron ocho observaciones en el periodo comprendido entre el primero de setiembre de 2017 al 5 de marzo de 2021 respecto al procedimiento de selección, expediente técnico, ejecución de la obra, supervisión y contratación directa para el saldo de obra.
De acuerdo con el informe, en el 2017, el comité de selección otorgó la buena pro al margen de la normativa a un postor único que no acreditó los requisitos de calificación, como experiencia del plantel profesional y experiencia en obras similares, para elaborar el expediente técnico y ejecutar los trabajos conforme a las bases integradas. Esto benefició al ganador de la buena pro con un contrato de más de S/ 41 millones sin contar con la carta fianza de fiel cumplimiento.
La comisión de control determinó que funcionarios del Gobierno Regional de Piura aprobaron el expediente técnico de las defensas ribereñas con la inclusión de trabajos ejecutados en la construcción del puente Juan Pablo II o Eguiguren. Incluso, hubo sobrevaloración en los precios unitarios del rubro maquinarias, lo cual generó un incremento del presupuesto de la obra en más de S/ 21 millones, la extensión del plazo contractual (54 días), mayores gastos generales y la inaplicación de penalidades.
Esta situación ocasionó un perjuicio económico de S/ 5 255 581.50 debido a una sobrevaloración de los precios unitarios de las maquinarias utilizadas, como volquetes, cargadores y excavadoras sobre orugas. También se sobrevaloraron precios en trabajos de enrocados de protección, construcción y mantenimiento de caminos de acceso. La obra continúa en ejecución.
En el informe también se observa la actuación irregular de funcionarios en la aprobación y pagos por trabajos no ejecutados que beneficiaron al contratista con más de S/ 6.6 millones, en la suscripción del contrato para la supervisión de la obra, en el consentimiento de solicitud de ampliación de plazo improcedente, en las contrataciones de locadores de servicio para la supervisión de los trabajos y en la aprobación de la intervención económica a la obra con el plazo de ejecución contractual vencido.
Finalmente, la comisión de control determinó un incumplimiento de las condiciones para otorgar la contratación directa por situación de emergencia a la supervisión y ejecución del saldo de obra en este año. Además, no se cumplió con la entrega de los documentos obligatorios para la presentación de la oferta y suscripción del contrato. Esta situación benefició a dos proveedores con la adjudicación de contratos por la suma de S/ 51 714 350,54, afectando la legalidad, eficacia y eficiencia que deben regir las contrataciones públicas.
Durante el desarrollo de la auditoría, la comisión advirtió que las losas de concreto inclinadas de protección y las tablestacas (estructuras de contención) de cemento reforzado prefabricado fueron ejecutadas por el contratista sin cumplir con las especificaciones técnicas. Dichas situaciones también fueron alertadas durante el servicio control concurrente en el 2020. Aún pueden corregirse porque la obra sigue en ejecución.
Antecedentes
El 14 de noviembre de 2017, el Gobierno Regional de Piura y un consorcio suscribieron el contrato para la elaboración del expediente técnico y ejecución de los trabajos de defensas ribereñas en el río Piura por más de S/ 41 millones. En febrero de 2020 se contrató la supervisión de la obra. Posteriormente, la entidad resolvió el contrato con la empresa supervisora en noviembre de 2020 por la causal de haber acumulado o superado la máxima penalidad y con el consorcio ejecutor en enero de 2021 por retraso injustificado en los trabajos.
La entidad procedió a la contratación directa del saldo de obra y supervisión por un monto total de inversión de más de S/ 51 millones y un plazo de ejecución de 300 días calendario. Sin embargo, dicho plazo es superior al plazo inicial (135 días calendario), el cual fue modificado por adenda y ampliaciones de plazo. Los funcionarios no consideraron que las contrataciones directas se encuentran establecidas para ejecutar prestaciones estrictamente necesarias para atender la emergencia.
Como se recuerda, el pasado 5 de marzo, se produjo un incremento del caudal del río Piura, producto de las lluvias estacionales. Además, la comisión de control concurrente advirtió la inexistencia de trabajos preventivos en la infraestructura que se encontraba debilitada o inconclusa por la resolución de contrato con el anterior contratista. Sumado a ello, en el cauce del río había cinco grúas.
Datos
La Gerencia Regional de Control de Piura viene acompañando la ejecución de la obra a través del control concurrente. Hasta la fecha se han emitido diez informes de hito de control.
El informe de auditoría está publicado en el portal web institucional http://www.gob.pe/contraloria, en aras de la transparencia y acceso a la información.
