ERP. La Comisión de Fiscalización del Consejo Regional ofreció ayer una serie de recomendaciones en torno a las irregularidades detectadas en la contratación de la actividad denominada "Servicio de Mantenimiento de las Lagunas de Estabilización y Sistema de Evacuación de las Aguas Servidas tratadas de las Lagunas de El Indio, distrito de Castilla, departamento de Piura".
Esto es derivado del proceso de selección de menor cuantía N°020-2013/GOB.REG PIURA-GGR-GRI, derivada del concurso público N° 002-2013/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI, en primera convocatoria, durante la pasada administración del ex presidente regional, Javier Atkins Lerggios.
Las recomendaciones de dicha comisión, señaladas ayer durante sesión ordinaria de Consejo Regional, van en el sentido de solicitar a la Gerencia General Regional derive el informe de investigación a la secretaría técnica del órgano instructor de la responsabilidad administrativa y a la UE 001-sede central del GRP para que evalúe si apertura el procedimiento administrativo sancionador a una serie de funcionarios y servidores públicos.
Entre ellos, del Gobierno Regional que visaron y suscribieron la Resolución Gerencial Regional del 22 de mayo 2013, mediante la cual se aprobaron los TDR de la actividad servicio de mantenimiento citado; los que conformaron el comité especial que condujo y adjudicó la buena pro del proceso de selección para la adjudicación de menor cuantía 020; y entre otros, los que condujeron el proceso de selección para contratación del servicio de supervisión.
De igual forma, se recomienda derivar el informe de investigación a la procuraduría ad hoc de denuncias, investigación y asuntos penales de la entidad para que evalúe la denuncia penal por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en agravio del GRP y el Estado Peruano contra los citados.
Además, la procuraduría regional debe evaluar si hace extensiva la denuncia penal a los presuntos implicados, entre ellos el ex presidente regional Javier Atkins, como titular del pliego; gerente general de la EPS Grau, Carlos Alva León, y demás profesionales.
Asimismo, se pide derivar el informe de investigación a la Procuraduría Pública Regional para que evalúe si corresponde interponer una demanda de indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad contractual en contra del contratista consorcio supervisor de El Indio, responsable de la consultoría de supervisión de la actividad "Servicio y Mantenimiento Lagunas de El Indio".
Y, entre otros, se pide derivar el informe a OEFA-Piura para que emita un informe técnico sobre la presunta transgresión del ordenamiento jurídico en materia ambiental para determinar la responsabilidad de los funcionarios y servidores del GRP y EPS.
Sustento
El secretario del Consejo Regional, Jaime Távara, indicó que la Comisión de Fiscalización recopiló toda la información de los años 2013 y 2014, que dio sustento a la aprobación de los expedientes técnicos, contándose con el apoyo de la Oficina Regional Anticorrupción para hallar las resoluciones de aprobación de esos expedientes y términos de referencia. Producto de ello el equipo de apoyo y la indicada Oficina Anticorrupción emitieron un informe.
El jefe de la Oficina Anticorrupción, abogado Alfred Urbina, explicó que se trató de un servicio de aproximadamente 9 millones de soles que, de acuerdo a las opiniones de la Subgerencia de Supervisión y Normas de la GRI, como de la Oficina a su cargo, debió pasar por el filtro del SNIP pero se convocó como un mantenimiento. Eso implicó que no se gestionara ningún tipo de instrumento de naturaleza ambiental para la ejecución de esta actividad.
Proyecto
En un contexto general, el consejero Hermer Alzamora explicó que el proyecto estuvo orientado a tratar las aguas residuales de Piura y Castilla, a cargo del programa Agua para Todos. Pero el proyecto de inversión pública de 11 millones de dólares no había sido entregado a la EPS Grau, por lo cual el cógido SNIP no había sido cerrado.
No obstante, la gestión regional anterior al ver que se estaba contaminando a la población de El Indio y las aguas residuales se salian, quisieron intervenir allí. "Pero no puede ser con un proyecto, porque se tenía que haber cerrado el código SNIP de un proyecto que estaba en camino y no había sido recepcionado", dijo.
Como no cabía la figura de hacer un PIP –continuó- se creó la figura de hacer un servicio de mantenimiento, que costó entre 9 a 10 millones de soles, para arreglar el problema. Pero esto no se ha producido desde el 2013.
"Hay por tanto un dinero gastado que no ha cumplido sus metas. Y hay otro tema adicional que no se presenta en el informe aún, y que saldrá en un segundo informe, consistente en que han creado adicionales de obra, cuando en un servicio de mantenimiento no se puede crear adicionales. Ellos han retrocedido y han puesto deductivos para regresar el dinero, pero tampoco se puede otorgar deductivos", anotó.
Refirió que queda a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios averiguar quiénes tendrían responsabilidad para pasar el caso a la fiscalía. "Primero a los que solicitaron se haga el servicio; segundo, a los que elaboraron los TDR; tercero, a los que aprobaron el expediente con resolucón; cuarto, a los que hicieron el proceso de selección; otorgaron la buena pro, encargados de la supervisión, y los titulares del pliego, con lo cual esto alcanzaría al propio ex presidente regional y al gerente general de entonces"
