ERP. La Contraloría General de la República detectó que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes realizó una contratación directa para reparar un volquete, cargador frontal, tractor de orugas, entre otros; pese a que la empresa contratista que brindó el servicio no acreditó el perfil de profesional clave ni presentó garantías. Pese a ello y a que no culminó el trabajo, se le otorgó la conformidad. Por ese incumplimiento tampoco se le cobró la penalidad correspondiente, generando un perjuicio económico de S/ 43 000.
En el Informe de Control Específico n.º 28225-2024-CG/GRTB-SCE se señala que el contratista no acreditó la formación académica del mecánico de equipo pesado (personal clave); a pesar de ser requisito obligatorio. Al verificarse sus datos en el portal web de Superintendencia de Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y del Ministerio de Educación, se verificó que no registra título profesional o técnico. Tampoco presentó carta fianza según la normativa vigente; sino que la entidad regional lo favoreció con la retención de fiel cumplimiento del 10%.
Al finalizar los trabajos, el supervisor brindó la conformidad y aunque el comité de recepción hizo observaciones, se procedió al pago total. En paralelo, la comisión de control realizó tres visitas al almacén donde se guardaban las maquinarias, donde se verificó que había trabajos pendientes. La entidad informó que la maquinaria operaba y el comité dio su conformidad.
Por su parte, la entidad regional comunicó al contratista las observaciones de la comisión de control y solicitó la subsanación de estas con el argumento de vicios ocultos, es decir, por deterioro o anomalías no perceptibles, contrariamente a lo advertido, pues era por trabajos no realizados, observados o desarrollados parcialmente. Ante ello, la empresa requirió la salida e ingreso de personal y piezas, con lo que aceptó las falencias del proyecto que ya estaba liquidado.
En una cuarta visita la comisión evidenció que siete partidas no se ejecutaron, tales como: suministro de llantas, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico del camión volquete, etc., siendo un perjuicio de S/ 30.8 mil. También, se efectuó seis partidas de forma parcial, inobservando las especificaciones técnicas y no garantizando la operatividad de los sistemas de las maquinarias. Tampoco se aplicó la penalidad máxima por retraso injustificado, lo que generó un perjuicio por más de S/ 12.9 mil, sumando una afectación económica total de más de S/ 43 mil.
Tras las irregularidades, se identificó que siete funcionarios tienen presunta responsabilidad penal y/o administrativa por el Procedimiento Administrativo Disciplinario de la entidad. El informe fue enviado a las instancias judiciales y administrativas pertinentes y está publicado en el portal institucional.
