Archivo responde a permanencia de cisterna con aguas residuales de empresa Semarsu
ERP/Sullana. La Fiscalía Provincial de Prevención del Delito aclara que archivo de denuncia contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Empresa Semarsu por delito de contaminación ambiental no trata - como erróneamente se viene informando en los medios de comunicación- sobre el presunto vertimiento de aguas residuales realizada por la empresa Semarsu, ya que dichos hechos continúan siendo investigados y corresponde a la Carpeta Fiscal Nº 69-2015.
Se precisa que el caso que ha sido materia de archivo responde a una investigación acumulada en la Carpeta Fiscal N° 103 y 133-2015, en torno a denuncias recíprocas por contaminación entre la Comuna y la empresa antes mencionada, respecto a que ambos se responsabilizaban por la permanencia de una cisterna con aguas residuales de propiedad de Semarsu en el local de Maestranza de la Municipalidad, internada por la Comuna como medida complementaria.
Ante este hecho se advirtió una falta de respuesta oportuna por parte de los involucrados para la correcta eliminación de las aguas por lo que se efectuaron las exhortaciones respectivas, pero al encontrarse dichas aguas confinadas en la cisterna- según el informe técnico de OEFA Nº 19-2015-JDLS- ello por sí solo no constituía un riesgo, además debe precisarse que la propia Comuna mediante Resolución de Alcaldía Nº 00786-2015/MPSdispuso la devolución del vehículo - el cual contenía las aguas residuales – por lo que este Despacho Fiscal “se dispuso el archivamiento del caso al no haberse configurado el tipo penal denunciado, dejando a salvo el derecho de las partes de presentar el recurso de queja respectiva de no estar conforme con el archivo”, manifestó la fiscal Berena Ballesteros, de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito.
Asimismo, frente a la problemática del vertimiento de aguas residuales en la provincia exhortó a las autoridades a no instar a la población a levantarse o a adoptar medidas de fuerza que atentan contra la seguridad y tranquilidad pública, sino que como autoridades deben, en el marco de la Ley, fomentar espacios de diálogo, así como proponer alternativas de solución viables en salvaguarda de los bienes jurídicos.
