ERP. El mes de julio del 2024 será convulso, pues la Coordinadora Nacional Unitaria, anunció un paro nacional para el próximo 19 de julio, en tanto que la Asociación de Movimientos Regionales ratificó su decisión de una marcha regional en Lima para los días 27 y 28 de julio; otras organizaciones harán movilizaciones y protestas, según se pudo conocer después de la convocatoria.
Paro Nacional y Marcha Regional
Esta medida de fuerza es contra el Congreso de la República que viene decidiendo a su antojo, pese a tener un bajo nivel de legitimidad, igualmente, se comprende a la sumisa presidenta de la República Dina Boluarte Zegarra, quien mantiene una actitud pasiva ante el avasallamiento del Congreso, en diversos aspectos, por ejemplo, haber promulgado una ley que retrocede en la alternancia y paridad de género.
De acuerdo al anuncio de la Coordinadora Nacional Unitaria, el 19 de julio se realizará un paro nacional, que cuenta ya con el compromiso de diversas organizaciones, entre ellas la CGTP y otros gremios que ratificaron su decisión de adoptar esta medida de fuerza como protesta por diversas normas y posiciones políticas contrarias al interés nacional.
La Asociación de Movimientos Regionales, estará marchando los días 27 y 28 de julio, en rechazo a la pretendida intención de desaparecer a los movimientos regionales y dejar únicamente como organizaciones políticas a los partidos políticos; esta medida colisiona con una práctica común que permite a ciudadanos y ciudadanas de regiones y provincias, organizarse y presentar candidatos.
Los deudos de la escalada de violencia tras la caída del expresidente Pedro Castillo Terrones, igualmente anunciaron marchas similares en la capital de la República y otras regiones del país, exigiendo justicia por el asesinato de 49 personas que pedían en unos casos y pasaban accidentalmente en las marchas; sin embargo, fueron matados por balas de las Fuerzas Armadas y Policiales.
Dina Boluarte denunciada ante Corte Penal Internacional
La mandataria sucesoria Dina Boluarte Zegarra, fue denunciada por la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Proderechos Humanos, ante la Corte Penal Internacional. El anuncio fue realizado anteriormente por el exembajador de Perú el la Organización de Estados Americanos.
La Corte Penal Internacional juzga personas de cualquier estado que han cometido delitos de lesa humanidad, es el caso de Perú, que utilizó la fuerza de manera indiscriminada para evitar la protesta pública. El saldo de esta escalada nacional fueron 49 personas asesinadas, 937 heridos y de ellos 155 de gravedad. Los detalles se encuentran contenidos en un informe donde detalla de manera pormenorizada de todo lo acontecido.
Es la primera vez que se denuncia una mandataria ante esta instancia que se rige por el Estatuto de Roma, que juzga delitos de lesa humanidad cometida por personas en este caso presuntamente por Dina Boluarte Zegarra, ministros y militares. Seguro se tendrá en cuenta en la decisión el amplio informe presentado para sustentar esta acción.
Sigue cantaleta del fraude
El tratamiento sin rigor por parte de delaciones, ha conllevado a reactualizar una vez más el cuento del fraude electoral que nunca existió. Salatiel Marrufo, un delator del gobierno de Pedro Castillo, ha reeditado viejas presunciones promovidas por Keiko Fujimori, Fuerza Popular y otros abogados aliados a esta organización política, por una pretendida suplantación de electores.
Estas informaciones buscan desprestigiar al Jurado Nacional de Elecciones, entidad que no tiene nada que ver con el cómputo de los resultados electorales, los cuales corresponden a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Pese a ello, se busca confundir a la población con delaciones previstas de desinformación y desconocimiento, que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha desmentido varias veces.
El Urresti II desenfrenado
El abogado Juan José Santiváñez, Ministro del Interior, se encuentra urgido de reconocimientos públicos y para ello, con su voz meliflua y chillona, pretende considerarse como el mejor ministro que ha tenido el sector, cuando en realidad, en apariencia, estaría cumpliendo órdenes para desaparecer a la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad- Diviac de la PNP que presta apoyo al Ministerio Público.
Con total frescura pretende desactivar esta organización, bajo el supuesto de un mal uso de los recursos. Urresti II, no disimula sus intenciones e incluso, dijo que se estaría reuniendo con el Contralor, el cual ya puede quedarse hasta cuando la presidenta quiera, pues le otorgaron una Ley que así lo facilita.
