ERP. La Segunda Fiscalía Provincial Penal de Prevención del Delito de Piura, a cargo de la fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, junto a los fiscales adjuntos provinciales Raquel Chinchay y Manuel Mena Ruíz, participó en tres operativos preventivos realizados en boticas y farmacias de los distritos de Veintiséis de Octubre, Castilla y La Unión, como parte de los compromisos y del trabajo articulado asumido para contrarrestar y prevenir delitos contra la salud pública, en la modalidad de comercialización de medicamentos y dispositivos médicos falsificados, vencidos o en mal estado.
Durante las intervenciones se inspeccionaron diversos establecimientos formales e informales, contando con la participación de la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria – Área de Medicamentos de la Dirección Regional de Salud (Diresa), la Policía Fiscal de la Divincri y representantes de las subgerencias de Fiscalización y Control de las municipalidades involucradas.
Como resultado de las acciones, en un establecimiento clandestino ubicado en el distrito de Castilla se hallaron productos vencidos, en mal estado, de procedencia desconocida y almacenados en condiciones inadecuadas. También, se verificó que dicho local continuaba comercializando medicamentos de manera informal, pese a que la autoridad sanitaria ya había dispuesto su cierre. Ante ello, la Policía procedió a la detención del responsable por la presunta comisión del delito contra la salud pública.
De igual forma, en el distrito de La Unión, uno de los establecimientos intervenidos no contaba con autorización sanitaria y comercializaba medicamentos vencidos, productos con sello del Estado peruano y medicamentos de procedencia extranjera, presuntamente ingresados de contrabando. Por estos hechos, la Policía dispuso la detención de la persona encargada del local.
Respecto a las dos personas detenidas por efectivos de la Policía Nacional del Perú durante los operativos, se dispuso poner los hechos en conocimiento de las fiscalías penales de turno de las respectivas jurisdicciones intervenidas, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.
Asimismo, las municipalidades participantes aplicaron medidas administrativas conforme a sus ordenanzas, debido a infracciones como la falta de licencia de funcionamiento, ausencia de autorizaciones sanitarias y el hallazgo de medicamentos vencidos o en mal estado, imponiendo sanciones pecuniarias y la clausura de establecimientos.
Por su parte, la autoridad sanitaria dispuso la medida de seguridad de cierre en cinco de los establecimientos intervenidos, a fin de salvaguardar la salud de la población y evitar la comercialización de productos que representen un riesgo para la salud pública.
El Ministerio Público exhorta a la ciudadanía a adquirir medicamentos únicamente en establecimientos debidamente autorizados y a verificar, antes de su compra y consumo, la fecha de vencimiento, las condiciones de conservación y el buen estado de los productos.
